Un texto duro, escrito en un lenguaje que no hace giros con las palabras, que llama a las cosas por su nombre. Y eso ya es mucho en un país como Venezuela, donde el caos y la muerte por las protestas en la plaza se mezclan con el miedo a las represalias del gobierno de Nicolás Maduro, donde hablar supone a veces arriesgar mucho. Pero el documento de la Conferencia Episcopal venezolana ofrece más que una lectura realista de los hechos. Es un juicio claro y un reclamo a la única salida posible.
Los obispos hablan de «una crisis sumamente grave tanto por su magnitud como por su duración, violencia y nefastas consecuencias» (desde el inicio de las protestas contra el gobierno, el pasado 12 de febrero, se han producido al menos 39 muertos, 560 heridos y casi doscientas detenciones) y señalan la «causa fundamental: la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado “Plan de la Patria”», una reforma que esconde la promoción de un «sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático».
Se rechazan las restricciones a las libertades de los ciudadanos; la falta de políticas de protección a la ciudadanía; los «ataques a la producción nacional», ya muy mermada porque la estatalización está minando a la industria y el país tiene que importarlo todo, pues todo escasea. También se denuncia la «brutal represión de la disidencia política» y la «“pacificación” o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física».
Manifestarse es un «legítimo derecho, previsto en la Constitución», recuerda la nota, y quien lo ejercita «merece todo respeto». Hay dolor por las muertes producidas entre los manifestantes y la policía: «Queremos recordar que el valor de la vida es absoluto y Dios lo protege». Pero «es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas». De ahí el llamamiento al «desarme a los grupos civiles» paramilitares, a no criminalizar a los que protestan, a no usar una «represión brutal» llegando incluso a las «torturas de que han sido objeto muchas de las personas detenidas y la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo». La represión «no es el camino» para resolver los problemas.
Los obispos proponen una alternativa, la única: «Un diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país», acompañado con «gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación». Piden que se constituya una «Comisión de la Verdad» sobre lo que está sucediendo, ofrecen su contribución a «edificar la paz desde la verdad» y piden ayuda a la Santa Sede para mediar entre gobierno y oposición, invitando a los fieles a ofrecer el ayuno del Viernes Santo, «en solidaridad con todas las familias que lloran a sus seres queridos».
Hace unos días se hablaba en el Vaticano de una posible mediación realizada por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado y ex Nuncio precisamente de Venezuela: «La Santa Sede y el Secretario están dispuestos a hacer todo lo posible por el bien del país», ha declarado el padre Federico Lombardi, portavoz de la Sala de prensa: «Pero hay que comprender el modo en que esta intervención puede llevar hacia el resultado esperado y qué papel podemos realizar».
Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón