Jueves 19 de marzo 9.45 horas. El Tribunal Supremo de Canadá emite la sentencia del caso “Loyola High School y John Zucchi contra el Fiscal General de Quebec”. Concluye así una batalla que ha durado siete años y que ha pasado por tres grados de juicio. El objeto específico de la causa se refería al derecho del Ministerio de Educación, Deporte y Tiempo libre de Canadá a imponer a una institución religiosa privada una enseñanza de la fe, de la ética y de la moral católica partiendo de una posición “neutral”. La institución, y yo como padre, entendimos que eso constituía una limitación de la libertad religiosa. Lo siete jueces del Tribunal Supremo que han examinado el caso han estado de acuerdo con nosotros por unanimidad.
La decisión, sin embargo, tiene implicaciones más amplias. Además de confirmar la importancia de la libertad religiosa, los jueces han manifestado cierta apertura en la dirección de un mayor respeto a la religión en la sociedad canadiense.
Ante todo, el Tribunal establece que el Estado no puede condicionar a una institución religiosa imponiéndole cómo debe enseñar los principios y fundamentos de su propia existencia, aunque solo sea dos horas a la semana. Eso significa concretamente un claro reconocimiento de la libertad religiosa fuera de toda ambigüedad.
En segundo lugar, una de las preguntas que habíamos planteado al Tribunal era sí, según la Carta de Derechos de Canadá, un grupo, una institución o un ente jurídico religioso podía ser considerado como un sujeto con los mismos derechos que un individuo. Tres jueces de siete (que por tanto concuerdan con la mayoría pero tienen posiciones distintas respecto a ciertos detalles) estuvieron de acuerdo en el hecho de compartir los mismos derechos. Aunque la mayoría confirma que «el Estado reconoce la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades». Lo cual tiene gran importancia, porque por primera vez desde la aprobación de la Carta de Derechos de 1982 el Tribunal Supremo se pronuncia a favor de los derechos religiosos de comunidades y grupos.
En tercer lugar, esta decisión marcha una ampliación del horizonte al identificar la importancia de la religión. El Tribunal no pretende aventurarse en el ámbito de la filosofía o la teología, y en el pasado trató de mantener su enfoque de la religión en un nivel extremadamente simple. En una circunstancia importante, habló de la religión como«creencia sincera», situándola así a un nivel más próximo al del conocimiento. En nuestro caso, el Tribunal Supremo se ha referido en clave positiva a una argumentación del jurista Richard Moon. Este profesor de Derecho afirmó que tras la petición de neutralidad del Estado «está la concepción de un profundo arraigo de las creencias y del compromiso religioso (o del compromiso como un elemento de la identidad del individuo), antes que como simple resultado de una decisión o juicio. La creencia religiosa, en cambio, se sitúa en el centro de la visión del mundo de cada individuo concreto. Es fuente de su orientación en el mundo, da forma a su percepción del orden social y natural, y le proporciona un marco moral de actuación. Además, la creencia religiosa une al individuo con una comunidad de creyentes y suele ser la forma de relaciones interpersonales más importante de su vida». Es un significativo reconocimiento de la importancia de la religión en la vida de la persona. No la reduce a una simple opción de un puñado de elementos particulares de la población.
En cuarto lugar, la decisión dice algo respecto a la importancia de los derechos de los padres en la educación religiosa de los hijos. La decisión se refiere de hecho a una escuela privada católica, y afirma que cuando el Estado impone una posición neutral a una escuela de este tipo, eso «interfiere con el derecho de los padres a transmitir la fe católica a los propios hijos (…) porque impide una presentación católica del catolicismo». Esto deja abierta la cuestión sobre por qué los padres creyentes que quieren educar a sus hijos en la fe y les mandan a escuelas estatales no deben disfrutar de la misma tutela.
En su conjunto, creo que esta decisión marca una gran victoria, no solo para la escuela y los padres, sino para el Ministerio de Quebec, para Quebec y para Canadá en general. La sentencia aclara que en una sociedad plural no hay que acallar a una voz razonable, en este caso una voz católica que desea educar a sus hijos según una perspectiva concreta. Esta voz no solo encuentra su expresión a nivel individual privado, sino también a través de grupos, asociaciones e instituciones.
Para mí ha sido un privilegio verme implicado en el caso durante estos años. He tenido la suerte de vivir una amistad cada vez más profunda con los responsables de la escuela, con los abogados y demás personas implicadas. Todos han colaborado con una visión positiva, sin caer nunca en batallas histéricas contra presuntos enemigos, sino siempre buscando el diálogo con las personas que tenían posiciones distintas en el debate. He aprendido mucho sobre qué significa trabajar con un grupo de personas que no quieren combatir cruzadas ideológicas sino que tienen el deseo de vivir y comprometerse en la sociedad.
El responsable (ahora ex responsable) de la escuela, Paul Donovan, desde el principio afirmó que la Loyola deseaba trabajar con el Ministerio de Educación y no en su contra. Esto se ha hecho evidente en nuestro camino a través de los diversos grados de juicio, donde siempre ha habido una relación muy cordial –por no decir fraternal en alguna ocasión– entre nosotros y los representantes del Ministerio. Como declaré en la rueda de prensa, no inscribí a mi hijo en la Loyola High School para encerrarlo en un gueto católico. Lo que más valoro de esta escuela es que se pone delante del mundo con su identidad concreta. Por eso ha librado la escuela esta batalla, y el hecho de que el Tribunal Supremo haya comprendido nuestras razones nos permite tener esperanza en el futuro. Eso no significa que no habrá otras dificultades para nosotros de ahora en adelante, pero el Tribunal ha confirmado un principio importante, y no es poca cosa.
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