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Los presos, fuera de las cocinas

Paola Ronconi

La historia parecería increíble si no fuera porque en Italia, por desgracia, ciertas cosas suelen suceder. Pero para entenderlo hace falta dar un paso atrás.
En 2003 el DAP (Departamento de Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia) prepara un proyecto experimental por el que diez cooperativas sociales asumen la gestión de los comedores de otros tantos centros penitenciarios en Italia, ofreciendo así un trabajo de verdad a los presos. Todo ello según una lógica de mercado y de “vida fuera de los barrotes”: periodos de formación para los contratados, acompañamiento de profesionales, gestión con criterios de eficacia, adecuación a los estándares de calidad y seguridad, salarios “de verdad”.
En diez años los resultados son muy positivos: la calidad de los comedores es más que satisfactoria, los trabajadores emplean de un modo constructivo y educativo su tiempo, aprenden lo que es un trabajo real, adquieren competencias para su reinserción social y desciende la tasa de recaídas, por no hablar del ahorro que supone para el Estado y por tanto también para los ciudadanos. Todos (personal penitenciario, políticos, presos) opinan que es una experiencia muy positiva, «una buena praxis que habría que difundir todo lo posible», afirma Nicola Boscoletto, presidente del Consorcio Giotto, la cooperativa que gestiona las cocinas de la cárcel de Padua. Después de diez años, empiezan a pensar en convertir el experimento en sistema.

El 31 de diciembre de 2014 se pierde la confianza en el servicio. Los directores de las cárceles y de las cooperativas llevaban seis meses pidiendo la renovación al Ministerio. Mientras tanto, con el nuevo Gobierno, varios responsables van cayendo. No llega respuesta alguna, solo una breve prórroga de quince días. En una conversación con el ministro de Justicia se habla de un problema técnico-jurídico por la presunta incompetencia del departamento de multas, un organismo del DAP que financia los programas de reinserción para presos e internos, para cubrir económicamente el proyecto. Se habla de otra prórroga de quince días, pero las declaraciones del ministro no aclaran cuál es el camino que hay que seguir. Luego, silencio. Un silencio ensordecedor.

Llegamos al 14 de enero: la nueva prórroga es denegada. El Consejo del departamento de multas ha decretado el cierre de todo para el día siguiente. Punto final. Lo que significa que diez años se esfuman, «170 personas más cuarenta trabajadores externos perderán su empleo, y termina con más pena que gloria una buena praxis que todo el mundo nos envidia. Tal vez, aunque esperemos que no, sea el inicio de un auténtico desmantelamiento del trabajo penitenciario», declara la Coordinadora de Cooperativas en un comunicado de prensa. «Lo único que poco a poco está saliendo a la luz es la idea de convertir el trabajo penitenciario en un sistema velado de nuevos trabajos forzados, eso que el Papa Francisco llama “las nuevas formas de esclavitud”, el aprovechamiento de los débiles e indefensos que, si además se han equivocado, deben pagar y punto… Solo nos queda una pregunta: ¿a quién beneficia todo esto? Estamos convencidos de que el ministro Orlando (Justicia) se ha visto envuelto en una emboscada y que el presidente Renzi no es conocedor de esta vergonzosa situación, al menos queremos pensar que así sea».

Entretanto, el Consorcio Giotto decidió organizar su “Penúltimo almuerzo”, un momento de despedida y agradecimiento «a todos los que estos 11 años, empezando por el personal de la administración penitenciaria, los presos que han participado en este proyecto y todas las autoridades y personalidades que han estado a nuestro lado, nos han seguido con afecto, apoyado con fuerza y animado de todas las formas posibles».
Pero los empleados de la cárcel de Padua no pierden la esperanza: «no queremos “dejárnosla robar”, no permitiremos que nos la roben», afirma el comunicado. «Como decía Guareschi, “no moriremos ni aunque nos maten”».