Huellas N.2, Febrero 2003

PRIMER PLANO

El grupo del "sentido común"

Franco Nembrini

Una agrupación transversal para defender la libertad educativa. Un paso importante hacia una reforma de la enseñanza compartida por dos formaciones políticas


El pasado 22 de octubre apareció en el Corriere della Sera un artículo que ha dado que hablar. Estaba firmado conjuntamente por Vittorio Campione, secretario personal del ex ministro Berlinguer, y Luisa Ribolzi, profesora de sociología en la Universidad de Génova y miembro de la Comisión para la aplicación de la ley de paridad nombrada por el actual gobierno. Anunciaba públicamente el nacimiento de un grupo de trabajo que sobriamente se define “del buen sentido”, con un proyecto sencillo y ambicioso: llegar a identificar las líneas maestras de un diseño de reforma de la enseñanza que pueda ser compartido por las dos principales formaciones políticas.

Alguno se ha asombrado al ver mi nombre (erróneamente señalado como «responsable de enseñanza de CL» en lugar de la Compañía de las Obras, como sería lo correcto) junto al de personas con las que hasta ayer mismo hemos polemizado, a veces con dureza. Pero yo estoy plenamente convencido de la oportunidad de la iniciativa. La CdO siempre acusó al anterior gobierno de querer imponer a todo el país la reforma de una sola parte. Más de una vez advertimos a Berlinguer y De Mauro que así se exponían al riesgo de la reacción: cualquier otro gobierno sucesivo se habría sentido autorizado para hacer lo mismo. No oso imaginar cómo se reduciría la pobre enseñanza italiana si con cada cambio de gobierno la nueva mayoría tuviera que rehacer todo desde cero. La enseñanza es la enseñanza de todos. El sistema educativo necesita, quizás más que ningún otro, de un ordenamiento estable, que permita a los profesores construir con una perspectiva segura. El enfrentamiento a ultranza al que nos hemos visto abocados por la pretensión de una parte de la izquierda de imponer a todo trance su proyecto no es la condición ideal para construir. Así pues, la posibilidad de que gente de la enseñanza que hasta hace dos días se miraban con malos ojos puedan sentarse en torno a la misma mesa libres de lógicas partidistas, puedan afrontar con responsabilidad los gravísimos problemas que atañen a nuestros jóvenes y a sus profesores, y quizás logren idear una estrategia que pueda regalar al país una escuela que sea de verdad para todos, me parece algo cuyo interés está fuera de duda.

Soy perfectamente consciente de las dificultades y de los peligros de semejante iniciativa. Pero las primeras señales son más que estimulantes. Leer en el Corriere un artículo en el que un miembro de la dirección de DS (Didattica e Scuola, asociación italiana de profesores, ndt.), junto al responsable de educación de la CdO, señala públicamente como raíz de los males de la enseñanza italiana el elefantiásico sistema de reclutamiento del profesorado y la ausencia de un sistema de carrera docente basado en una efectiva evaluación de sus capacidades, me parece un hecho de extraordinario alcance (por no hablar de la aceptación de la necesidad de reconocer, incluso financieramente, el papel público de la escuela “paritaria” [se refiere a la escuela equivalente a la concertada y privada en España]). Es posible que a la larga las diferencias resulten insuperables y que el proyecto no se realice, pero estoy convencido de que vale la pena intentarlo hasta el final.



Reducción impositiva
Tan sólo unas líneas en la ley de financiación para 2003, comprensibles sólo para los iniciados, pero con un significado claro: será posible deducir de los impuestos una parte de los gastos de enseñanza. Es una gran victoria del Comité para una Escuela de la Sociedad Civil, coordinado por Stefano Versari, que desde hace años ha hecho de la desgravación su bandera. Ahora habrá que esperar a los correspondientes decretos para saber qué porcentaje a los gastos podrá deducirse. Los importes destinados al respecto para 2003 no son cuantiosos y el porcentaje deducible será previsiblemente bajo. Pero lo llamativo es la afirmación del principio. En los años venideros las sumas destinadas a este capítulos podrán aumentar y la deducción impositiva (conocida también con el término de crédito de impuestos) podría ser el camino para reconocer, por fin, el derecho de las familias a elegir el centro donde educar a sus hijos.


Proyecto Bilateral
Paridad de la escuela, "revolución" para los niños
La formación de un grupo de trabajo «bilateral» para tratar de realizar una reforma global del sistema educativo que resista al cambio de las mayorías políticas es el objetivo de algunos «técnicos» del mundo educativo cercanos bien al Olivo bien a la actual mayoría. El pasado 22 de octubre, con un artículo aparecido en el Corriere, hicieron pública la iniciativa. Hoy aparece la segunda contribución «bilateral», sobre la paridad escolar. La presentación en las columnas del Corriere de la iniciativa de nuestro «grupo del buen sentido» ha recibido numerosos apoyos, algunos acreditados. Esto confirma la bondad de la intuición que nos ha movido. El problema de la enseñanza no es un problema del Poo o del Olivo, sino de los italianos. Y es una cuestión de arquitectura del sistema: se trata de redefinir la estructura dirigista pensada hace 80 años en un contexto político y cultural muy diferente al actual. Una reforma del sistema que puede sintetizarse en dos palabras: autonomía y paridad. La autonomía es la gran obra iniciada por el pasado ministerio. En aplicación de la denominada «ley Bassanini», el ministro Berlinguer reconoció a cada instituto subjetividad jurídica y a los directores educativos responsabilidades propias. Y una pequeña revolución copernicana: directores y profesores, considerados desde siempre meros ejecutores d directivas centrales, se convierten ahora en sujetos responsables, posibles protagonistas de un proyecto didáctico flexible y personalizado. Gracias a la autonomía hemos asistido en los últimos años a intentos cada vez más numerosos de adecuar el servicio educativo a los cambios sociales y culturales cada vez más acelerados de nuestro tiempo. Sin embargo, se trata de un proceso aún incipiente. La herencia cultural y normativa de un largo pasado centralista no se suprime con un mero borrón y cuenta nueva. Hay que trabajar para que cada instituto esté cada vez más capacitado para asumir una fisionomía propia, en sintonía con las demandas y las necesidades del tejido social, cultural y productivo de su territorio. Con este fin, nos parece que las condiciones fundamentales deben ser la plena autonomía financiera y de gestión del personal. Se podría plantear el llegar a establecer, sobre la base de determinados parámetros (número de alumnos, de clases, situación geográfica, etc.), las necesidades económicas de cada instituto, confiando después al director y al consejo de instituto la tarea de administrarlo de la forma más adecuada a sus exigencias. En este cuadro de fuerte autonomía y responsabilidad podría confiarse a cada instituto la «convocatoria» de los profesores, vinculada a un nuevo estatus jurídico (obviamente nacional) y con los datos aportados por el Instituto Nacional de Evaluación. No habrá verdadera autonomía hasta que no se llegue a normalizar el farragoso, ineficaz y costosísimo sistema de gestión del personal en vigor. La paridad de los institutos no estatales que ofrezcan un servicio público no es más que la otra cara de la misma moneda. Reconocer, también en términos de financiación, el papel público de la enseñanza no estatal (como ha hecho sólo en parte la laye sobre la paridad aprobada en 2000), permitiría a los ciudadanos tener ante sí una oferta realmente plural que le situaría en condiciones de ejercer una auténtica libertad de elección en función de sus convicciones culturales o de los estándares de calidad propuestos. La buena escuela privada, que acepte controles de calidad, merece ser considerada parte de un único y flexible sistema, y salir de la equívoca equiparación con centros que se lucran a costa del fracaso escolar y las disfunciones de la escuela estatal, sin prestar servicio real a los ciudadanos. Esto supondría también un auténtico giro copernicano, esta vez en la concepción del ciudadano, que dejaría de ser el destinatario pasivo de un servicio, cuyas modalidades deciden otros, para ser sujeto activo, capaz de influir con sus decisiones en las direcciones del desarrollo del sistema. «Si estos padres fueran libres de elegir la persona que educará a su hijo como son libres de elegir el médico, el sastre... ¿vendrían a mí? - se preguntaba Mario Lodi en su Il Paese sbagliato-. En una enseñanza que tuviera como fin la formación integral y sin traumas del adolescente, la elección del maestro, o mejor, de las directrices pedagógicas, debería ser el primer tema de discusión entre padres y profesores en el momento de la inscripción. En cambio ni se habla de ello, como si la escuela fuese la propietaria de los niños».
Corriere della Sera, 22 de octubre de 2002
Claudia Mancina, Dirección de D.D.
Franco Nembrini, Delegación de Enseñanaza - Compañía de las Obras