Dos millones de cristianos viven en una situación de apartheid alimentado por la ley anti-blasfemia, el "electorado separado" y la nacionalización de las escuelas.
La Iglesia, sin embargo, permanece como presencia
Según la tradición, ya santo Tomás y san Bartolomé en el siglo I predicaron el Evangelio en las tierra hoy conocidas como Pakistán. Sin embargo, la presencia cristiana siempre ha sido exigua, a pesar de que desde el siglo XVI jesuitas, agustinos y carmelitas se han sucedido en los intentos de evangelización (interrumpidos también por las persecuciones). Será preciso llegar al año 1880 para asistir a la fundación del primer vicariato apostólico, el del Punjab - la provincia donde todavía hoy se concentra la mayoría del casi millón de católicos del Pakistán -, y hasta 1950 para la designación de la jerarquía eclesiástica.
La relación entre la Iglesia y el nuevo estado de Pakistán (nacido en 1974 por la escisión de la India) nació bajo buenos auspicios en tiempos del «padre» de la nación, Ali Jinnah, quien, en nombre de la concepción secular del estado, aseguraba parejos derechos a todas las minorías. Pero los últimos cincuenta años reflejan la historia de la progresiva discriminación de los cristianos. En 1972 fue el gobierno de Zulfikar Ali Bhutto el que infligió un duro golpe a la minoría cristiana nacionalizando todas las escuelas, que eran el punto de apoyo del sistema educativo en Pakistán. Y en 1980, el general Zia ul-Haq (que en 1977 había derrocado a Bhutto) trató de reforzar su poder haciéndose intérprete de los grupos fundamentalistas y promoviendo la islamización del país. Ello se hizo explícito especialmente en 1985 cuando, además de la introducción de la ley anti-blasfemia, se instituyó el "electorado separado": las minorías votan a sus propios candidatos y en un día distinto al que se fija para las elecciones generales. De los escaños reservados a las minorías, 20 son para las mujeres, 4 para los cristianos, 4 para los hindúes, 1 para los budistas y sisjs y 1 para los ahmadiya (una secta islámica considerada herética).
La vuelta al gobierno de los civiles al final de los años 80, con la alternancia de Benazir Bhutto (hija de Ali) y Nawaz Sharif, cambia poco la situación legislativa. Al contrario, las presiones de los fundamentalistas se vuelven aún más fuertes, hasta el punto de que Sharif (que se había presentado como valedor de las minorías) se ha apoyado en ellas para retomar el proyecto de la completa islamización del Pakistán.
El caso Ayub Masih
6 de mayo de 1998: a las 21.30h., delante del Tribunal de Sahiwal, 500 kilómetros al sur de la capital, Islamabad, el obispo de Faisalabad, monseñor John Joseph, se quitaba la vida después de que un cristiano, Ayub Masih, fuera procesado y condenado a muerte por aplicación de la ley sobre la blasfemia. Un gesto extremo, que causó gran impacto en todo el Pakistán, y que, además, mostró al mundo la situación de discriminación en que viven los cristianos de ese país, poco más de dos millones (de los que la mitad son católicos) entre una población de casi 136 millones de personas.
La ley sobre la blasfemia sintetiza de alguna forma el contexto en que viven los católicos pakistaníes. Fue introducida en 1985 durante el régimen militar del general Zia ul-Haq, formando parte de un paquete de leyes para la islamización. La ley condena a muerte «a cualquiera que con palabras dichas o escritas, con representaciones visuales o con toda imputación o insinuación, directa o indirectamente, ofendan el sacro nombre del profeta Mahoma». Se trata de una definición que deja amplio espacio a la discrecionalidad de los jueces y de los grupos de presión. Así, la ley anti-blasfemia se convirtió enseguida en uno de los instrumentos más efectivos para intimidar o amenazar a los cristianos. «La ley es utilizada con fines de venganza o celos - había denunciado a fines de 1998 monseñor Anthony Lobo, obispo de Islamabad-Rawalpindi -. Además, los magistrados llamados a juzgar a los imputados sufren intimidaciones y amenazas de muerte por parte de los fundamentalistas que les premian cuando la sentencia es condenatoria».
El caso de Ayub Masih es emblemático: el joven fue arrestado el 14 de octubre de 1996 por una muchedumbre de musulmanes, después de que él y sus familiares fueran brutalmente golpeados a raíz de una disputa entre la pequeña minoría cristiana y la comunidad musulmana acerca de los terrenos para la construcción de unas casas. Ayab fue acusado de haber expresado pareceres positivos acerca del libro Versos satánicos de Salman Rushdie, y, a pesar de que la defensa consiguió probar lo contrario, Ayub fue condenado a muerte. Después, la sentencia fue suspendida hasta la apelación, pero la condena se extendió a toda su comunidad, que se vio obligada a sufrir las vejaciones de los grupos fundamentalistas. Ayub es el cuarto cristiano condenado a muerte por blasfemia; los otros tres fueron absueltos después por el Alto Tribunal de Lahore, pero se vieron obligados a vivir en el extranjero a causa de las continuas amenazas. Por lo demás, fue asesinado el juez que firmó la sentencia de absolución. Otros cinco cristianos - acusados del mismo delito - han sido asesinados y sus procesos continúan abiertos.
La reacción musulmana
La muerte de monseñor John Joseph parece haber provocado una reacción también en la comunidad musulmana, hasta el punto de que por primera vez los obispos católicos han podido encontrarse con el líder islámico. Y monseñor Andrew Francis, desde hace pocos meses obispo de Multan y responsable del episcopado para el diálogo interreligioso, ha hablado recientemente de «muchos ejemplos positivos» en la relación entre cristianos y musulmanes. Pero el crecimiento de los grupos fundamentalistas, favorecido también desde las instancias políticas que se han servido de ellos para reforzar su propio poder, recibió un impulso ulterior a partir de agosto de 1998 con el intento por parte del entonces primer ministro Nawaz Sharif de introducir la Sharia. SHarif, que ha hablado abiertamente de importar a Pakistán el «modelo de los Talibanes afganos», ha intentado que el Parlamento apruebe la 15esima enmienda a la Constitución que prevé la adopción de la ley islámica como base del ordenamiento legislativo. «Tememos el genocidio», había dicho sin medias tintas Cecil Chaudry, líder del Frente Cristiano de Liberación, al día siguiente de la aprobación de la enmienda por parte de la Cámara. De nada sirvieron los llamamientos de los obispos al primer ministro para que retirase un proyecto rechazado incluso por muchos musulmanes moderados y por los partidos de oposición, los cuales veían en ello el intento de Sharif de concentrar todo el poder en sus manos. Pero, al igual que en 988 un misterioso incidente aéreo impidió al general Zia llevar a término la islamización del Pakistán con la adopción de la Sharia, así el 12 de octubre de 1999 un golpe de estado militar ha bloqueado los planes de Sharif. El nuevo hombre fuerte del Pakistán, el general Pervez Musharraf, ha proclamado enseguida la intención de mejorar el status de la minorías. «Es la primera vez, desde el 11 de agosto de 1947 hasta hoy - ha señalado Cecil Chaudry - que un jefe del estado declara explícitamente querer reasegurar a las minorías, garantizándoles protección y derechos».
Violencias anticristianas
Una intención que se ha visto reforzada por otra intervención de Musharraf, quien a mediados de abril, mientras participaba en Islamabad en una Conferencia sobre los derechos humanos, anunciaba su intención de modificar la ley anti-blasfemia para evitar los abusos. Se trata de un desarrollo alentador, si bien muy en el aire; en cualquier caso, el camino hacia la paridad de los cristianos de Pakistán es todavía muy largo ya que el clima de intimidaciones, asfixiante con el crecimiento de los fundamentalistas, permanece, y está mucho más arraigado que las leyes. Lo demuestran casos recientes de violencia anticristiana, como el asalto a un convento de monjas de la periferia de Karachi el pasado 12 de marzo que costó la vida a una monja de 78 años. Las Iglesias cristianas invocan hoy la remoción y revocación de las leyes que han contribuido más a crear una situación de apartheid. En particular, los católicos piden la abolición del sistema del electorado separado, la abrogación de la ley sobre la blasfemia, la restitución de las escuelas católicas y la libertad de enseñar el catecismo a los niños cristianos (hoy son obligados a aprender la doctrina islámica y a menudo son separados de los musulmanes dentro de los edicios escolares).
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