Huellas N.5, Mayo 2005

IGLESIA Nota de la CEE / Profundización

En busca del fundamento perdido

José Luis Restán

La Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española sobre la objeción de conciencia ante la nueva definición legal del matrimonio que promueve el Gobierno de Zapatero reabre el espinoso debate sobre el valor y la función de cualquier ley civil. El caso español es una inesperada ilustración de los peligros que preocupaban tanto a Ratzinger como a Habermas a lo largo del apasionante diálogo que mantuvieron en Munich en 2004. En sus conclusiones sobre “Las bases morales del Estado liberal”, el cardenal Ratzinger proponía una “correlacionalidad” entre fe y razón, que ayudara a la purificación de ambas, y que sirviera para establecer un nuevo fundamento moral compartido

La Nota de la Conferencia Episcopal Española contiene un párrafo que entra de lleno en el espinoso debate sobre el valor y la función de cualquier ley civil. Los obispos establecen un dato de partida: esta nueva definición legal del matrimonio, que el Parlamento español se dispone a aprobar, «supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden social». De este hecho se deriva, según los obispos, que esta ley «carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral». La Nota reconoce que la ley civil tiene una función más limitada que la ley moral, pero sostiene que cuando aquella entra en contradicción con la recta razón, «pierde la fuerza de obligar en conciencia».
Evidentemente, esta tesis de los obispos va más allá de la valoración que merece la nueva legislación española sobre el matrimonio, y subraya que hay límites que un Parlamento, siendo el órgano de la soberanía popular, no puede atravesar. Por supuesto, se recuerda la tradicional afirmación de la enseñanza católica de que el Estado no puede ser la fuente de los valores y del derecho, pero además advierte que si esta ley es aprobada (como parece que sucederá con toda seguridad), no tendrá la capacidad de obligar en conciencia a los ciudadanos.

Los presupuestos del derecho
Precisamente la cuestión de los presupuestos del derecho, ha sido uno de los capítulos del extenso debate que el Cardenal Joseph Ratzinger mantuvo con el filósofo Jürgen Habermas el año 2004, sobre las bases morales del Estado liberal. En esta ocasión, Ratzinger afirmaba que siempre que el derecho aparezca como producto de la arbitrariedad, y no como expresión de una justicia al servicio de todos, puede estallar lo que él denomina «la revuelta contra el derecho». Ciertamente, el cardenal reconocía que la formación democrática de la voluntad es un importante instrumento de corrección de la arbitrariedad, una garantía de cooperación común en la configuración del derecho, y ésta es una de las razones que hacen de la democracia la forma más adecuada de orden político. Sin embargo este instrumento, que sin duda ha sido empleado en el caso de la legislación española que nos ocupa, deja abierta la cuestión de los fundamentos éticos del derecho: por un lado, ¿no hay principios que deben pertenecer inamoviblemente al derecho, y que preceden a cualquier decisión mayoritaria?; y por otro, ¿no habría cosas que deberían estar en todo caso excluidas del derecho, por ser en sí mismas injustas? El cardenal Ratzinger señala que las diversas Declaraciones de Derechos confeccionadas en la Edad Moderna están ancladas en una respuesta positiva a esas preguntas, pero reconoce también que esa evidencia no es reconocida hoy en todas las culturas, y por otra parte, ha hecho crisis en el ámbito occidental, donde había surgido de forma natural.

Una contradicción insalvable
La nueva legislación sobre el matrimonio en España, que según señalan los obispos se manifiesta en términos hasta ahora desconocidos para la Humanidad (comprendidas sus más diversas culturas), refleja precisamente el drama de una norma legal democrática pero desvinculada de los datos antropológicos y sujeta únicamente al diseño fantasioso de sus autores. Aquí es donde se abre la contradicción insalvable entre una ley positiva, emanada del Parlamento, y la conciencia moral de numerosas personas, abocadas a ejercer el derecho a la objeción de conciencia.
Dando un paso más en su indagación, el cardenal Ratzinger reflexionaba sobre diferentes situaciones históricas en las que la insatisfacción frente a la formulación del derecho, motivó la búsqueda de fundamentos más profundos para éste, conectados con la naturaleza misma de lo humano, y dentro de ella, con la razón como órgano capaz de una formación y configuración compartidas del derecho. Este esfuerzo había conducido en occidente a lo que se denominaba “derecho natural”, pero el cardenal reconoce sin ambages que éste presuponía un concepto de naturaleza que actualmente se ha ido a pique, y por tanto hoy es preciso buscar otros medios que sirvan de correctivo a las posibles arbitrariedades de un derecho positivo que no se siente vinculado a otra cosa que no sea la pura decisión de la mayoría.

Urgente diálogo con la cultura laica
La iniciativa legislativa del gobierno español ha manifestado de forma descarnada la crisis de la razón ilustrada, el riesgo de un poder político que no reconoce bases morales previas a su propia soberanía absoluta, y la arbitrariedad de una ley positiva que no se reconoce vinculada por la realidad en cuanto tal (pues ella misma se considera creadora de realidad). En este sentido, el caso español es una inesperada ilustración de los peligros que preocupaban tanto a Ratzinger como a Habermas (desde las perspectivas católica y laica respectivamente) a lo largo de su apasionante diálogo. En sus conclusiones sobre el tema propuesto para el coloquio con Habermas (las bases morales del Estado liberal), el cardenal Ratzinger proponía una “correlacionalidad” entre fe y razón, que ayudara a la purificación de ambas, y que sirviera para establecer un nuevo fundamento moral compartido. Pues bien, las sucesivas intervenciones de los obispos españoles sobre el significado del matrimonio, su definición legal y su valor social, constituyen un ejercicio serio de la razón iluminada por la Revelación y por la experiencia milenaria de la Iglesia, y pueden verse como un servicio a ese urgente diálogo con la cultura laica, en un momento en que muchos sienten el vértigo ante una ruptura de consecuencias incalculables.

NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio
El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente el matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad. Para casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo. En la legislación española el matrimonio dejaría de ser la indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y de una mujer, abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin referencia alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad el incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y de procrear y educar a los hijos.

Ahora parece que el Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio que, como es obvio, supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden social.

El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor del verdadero matrimonio (www.conferenciaepiscopal.es/documentos). Allí explicábamos las razones que nos obligan a pronunciarnos en contra de este proyecto legal, dado que nos corresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es decir, la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio, responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a la existencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al amor y a la felicidad temporal y eterna.

Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una ley tan injusta, hemos de volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría este nuevo paso. No es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del matrimonio. Esa unión es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país. Pensamos con dolor en el perjuicio que se causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el verdadero matrimonio. Pensamos también en las escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de una mujer.

Ante esta triste situación, recordamos, pues, dos cosas. Primero, que la ley que se pretende aprobar carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral. La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, recordamos que los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva. En concreto, no podrán votar a favor de esta norma y, en la aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio.

Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los educadores. Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la razón, no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y del bien de cada persona.

Madrid, 5 de mayo de 2005