La disputa obispos-Santa Sede sobre la colaboración de la Iglesia católica alemana en el sistema estatal de consultorios. Cuál es la tarea de la Iglesia y cuál su relación con el Estado
En realidad todo estaba ya claro a comienzos de 1998. Juan Pablo II había, en efecto, escrito una carta a los obispos, fechada el 11 de enero, en la que pedía insistentemente que en los consultorios gestionados por la Iglesia católica no se expidiera ningún certificado que - según el párrafo 7 de la ley alemana sobre la interrupción del embarazo - daba a la mujer, dentro de los tres primeros meses de gestación, la posibilidad de recurrir lícitamente al aborto.
Los obispos respondieron al Papa con la declaración común del 26 de enero de 1998: «Apoyaremos esta petición». La controversia entre Roma y la Iglesia católica alemana parecía así estar resuelta.
Pocos podían prever en aquellos días que el conflicto con respecto al certificado habría de convertirse, en los meses sucesivos, en un drama que implicaría a todo el pueblo de los fieles en una lacerante crisis.
En cualquier caso había suscitado sospechas el hecho de que el Presidente de la Conferencia Episcopal alemana, Karl Lehman, obispo de Maguncia, en vez de declarar el abandono del sistema estatal por parte de los consultorios católicos, hubiera creado una comisión con la tarea de elaborar en el plazo de un año propuestas sobre el “modo” de aplicar la petición del Papa.
Ley unitaria
Pero antes de nada prestemos atención a las raíces de la cuestión. Con la reunificación alemana de 1990 se había hecho necesaria la elaboración de una ley unitaria, también sobre el tema del aborto. Después de largas y controvertidas negociaciones políticas, y no sin el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Parlamento alemán decidió el 29 de junio de 1995 la modificación de los párrafos 218 y 219 del Código Penal alemán: El aborto es ilegal; pero, hasta el tercer mes de embarazo, estará despenalizado siempre y cuando la gestante, antes de actuar, halla mantenido un coloquio en un consultorio reconocido por el Estado. Es el certificado de haber mantenido ese coloquio - que el consultorio está obligado a expedir - lo que permite después a la mujer abortar. La reforma encontró el apoyo de todos los partidos con el lema: «Ayudar en vez de castigar».
El primer obispo que comprendió las consecuencias de esto fue el arzobispo de Fulda, Johannes Dyba, que anunció, ya el 29 de septiembre de 1993, que sus consultorios diocesanos no expedirían ningún certificado. En líneas generales estaba de acuerdo con el Presidente de la Conferencia Episcopal, Lehman, que declaraba todavía el 10 de junio de 1992: «Los consultorios eclesiásticos no pueden dejarse involucrar en un proceso que hace de un certificado médico un presupuesto esencial para el asesinato despenalizado de un no nacido».
Después de la decisión del parlamento alemán de junio de 1995 el Papa escribía una carta a los obispos alemanes: la nueva ley alemana sobre el aborto estaba en abierta contradicción con el Evangelio de la vida. No obstante, los obispos alemanes decidieron el 25 de septiembre que sus consultorios permaneciesen en el servicio de asesoría legal estatal - beneficiándose de este modo de la financiación del Estado - y continuar expidiendo los certificados exigidos por la ley.
Leit motiv
Comenzó así una larga serie de conversaciones entre la Conferencia Episcopal alemana y el Vaticano. Un leit motiv recurrente: sólo gracias al previsto asesoramiento prenatal la Iglesia mantendría la posibilidad de llegar a muchas gestantes en dificultad, y por tanto, de salvar al menos algunas de las criaturas no nacidas. También muchos políticos alemanes de alto nivel se dirigieron personalmente al Vaticano con la petición de que dejara permanecer a la Iglesia alemana en el sistema de abortos legales y de no poner en peligro la buena colaboración entre Estado e Iglesia - sobre todo al nivel de sus cómodos servicios de asesoramiento y apoyo caritativo -. La ambigüedad de las conversaciones no dejó en paz al Papa y llegó así su segunda carta del 18 de enero de 1998, en la que se reforzaba la prioridad del testimonio decidido y claro de la Evangelium vitae.
Un año más tarde. Es el 22 de febrero de 1999. El grupo de trabajo de Lehman llevó a cabo una serie de modificaciones, y los obispos alemanes dieron cuenta de los resultados del trabajo en la ciudad de Lingen, al norte del país. El certificado, además de dar fe de que se había producido el asesoramiento, debía convertirse ahora en un “Plan de ayuda” que la Iglesia ofrecería a las gestantes en dificultad. No se produjo, sin embargo, ningún cambio en cuanto a la función clave de los certificados expedidos por la Iglesia y reconocidos por el Estado, que el Papa no quería tolerar. Así llegó, con fecha de 3 de junio de 1999, una sorprendente petición. Juan Pablo II aceptaba el plan de certificación y ayuda pero pedía que se añadiese al certificado la siguiente declaración: «Este certificado no puede ser utilizado para la ejecución despenalizada de abortos», y si acaso el certificado se utilizase de algún modo para el procedimiento de aborto legalizado, esto «sería contrario a mis indicaciones (del 11 de enero de 1998) y a la declaración común del Consejo Permanente de vuestra Conferencia Episcopal del 26 de enero de 1998».
Una cuestión de principios
Durante la reunión del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal alemana, celebrada el 21 de junio, se decidió imprimir en el certificado el añadido pedido por el Papa. Pero, dos días después, el obispo Lehman explicó ante un grupo de periodistas estupefactos que este añadido era sólo una última consecuencia ética (y por tanto sólo de principios) del “no” de la Iglesia al aborto: el Estado tenía que aceptar esta opinión de la Iglesia, sin que ésta tuviera de hecho, en cualquier caso, consecuencias jurídicas en el plano de la ley abortiva. En los días sucesivos llegaron señales de los Ministerios correspondientes de todas las regiones de que se toleraba esta formulación ética en los certificados eclesiásticos, pues no contenía para el Estado problema alguno de orden jurídico. Este fue el motivo por el que el certificado de la Iglesia - incluso con el añadido del Papa - podía seguir usándose todavía en la despenalización del aborto.
Mientras el vértice de la Conferencia Episcopal se disponía a ejecutar la “solución” alcanzada acerca del certificado, algunos obispos reflexionaron sobre el tema, reconociendo lo insostenible de la situación: se había ignorado la intención del Papa demasiado abiertamente. El Cardenal Joachim Meisner, Arzobispo de Colonia, extrajo al final las consecuencias. En una carta al Santo Padre, fechada el 30 de julio, planteó lapidariamente esta pregunta: «¿Es verdaderamente intención de Su Santidad dotar al certificado de asesoramiento de la frase anexa: “Este certificado no puede...”, tolerando que el Estado lo ignore?». La respuesta fue clara y contundente: «no».
Mensaje concreto
El 15 de septiembre los cardenales Meisner, Wetter (de Munich) y Sterzinski (de Berlín), junto con el Presidente de la Conferencia Episcopal Lehman, fueron invitados al Vaticano para que el cardenal Secretario de Estado Sodano y el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe Ratzinger les dieran a conocer el juicio definitivo del Papa: «Si este certificado sirviera para una interrupción del embarazo, sería entonces legítimo el reproche que muchos realizan a la Iglesia, es decir, que su mensaje es teórico y sin consecuencias concretas». Es impensable, siguieron Ratzinger y Sodano, que la Iglesia en Alemania siga desempeñando una función en el sistema estatal de asesoría y de expedición de certificados, como ha venido haciendo hasta ahora. Es firme intención del Papa que los consultorios católicos no desarrollen más la asesoría según el párrafo 7 de la ley alemana sobre la interrupción del embarazo, sino que ofrezcan a las gestantes una asesoría genérica, según el párrafo 2 de dicha ley, que no comporte por tanto la expedición de certificado alguno, o bien que se instituyan asesorías diocesanas propias, independientes de las leyes estatales.
Después de esta enésima palabra autorizada del Papa, las asociaciones laicas y representantes de los partidos de inspiración cristiana han incitado abiertamente a la resistencia contra la decisión de Roma. En un abrir y cerrar de ojos se creó una Asociación, Donum vitae, que se debía hacer cargo de mantener los consultorios católicos incluso sin el apoyo oficial de los obispos - ahora “atados” por el Njet papal -. Pero incluso una parte de los obispos, trece en concreto, apelando a su conciencia, se han dirigido nuevamente al Papa con una carta, pidiendo ser recibidos en audiencia para plantear en un coloquio la gravedad de la puesta en práctica de la decisión y solicitar su revocación.
Esperan, por tanto, la visita ad limina (que tendrá lugar del 8 al 20 de noviembre) para reanudar el “diálogo” con el Sucesor de Pedro... Veremos qué nueva entrega de esta larga historia sale de ahí.