Publicamos el manifiesto que la Compañía de las Obras ha difundido en España antes de las elecciones nacionales del 9 de marzo. El principio de la Libertas Ecclesiae et Societatis sigue siendo la verdadera brújula para el cristiano frente a la política
Pocas veces en nuestra historia reciente ha sido tan vivo el debate sobre qué derechos deben ser reconocidos y tutelados y cuál es la forma de convivencia que más nos conviene a los españoles. En la Legislatura que termina el poder político ha pretendido redefinir aspectos fundamentales de la vida personal y de la convivencia de los españoles sin respetar la experiencia de muchos. Por eso ha generado tanto malestar. Esa pretensión ideológica nos obliga a todos a preguntarnos quiénes somos, qué nos define como personas y como pueblo. No podemos delegar en el poder, ni en un partido, la definición de lo humano, ni podemos encerrar esta cuestión en el ámbito privado. Se pone de manifiesto que la búsqueda de un significado para la existencia propia está ligada a la vida en común. Todos tenemos una vocación pública y la responsabilidad de construir ámbitos y obras a la altura de la dignidad de la persona. La paciente construcción de esos nuevos espacios, que requiere tiempo, gratuidad y voluntad de encuentro con los que son diferentes, es la mejor alternativa tanto a la creciente polarización ideológica como al desencanto. Ambas cosas, caldo de cultivo de la violencia.
Los ámbitos públicos y especialmente la política deben ser un espacio de verdadera laicidad en el que los diversos sujetos de la vida social contribuyan, a través del testimonio y del diálogo, a enriquecer la vida en común. Como ha señalado Benedicto XVI “incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario” y estas convicciones se adquieren en el ámbito de la sociedad, antes que en la política.
Una laicidad abierta y positiva debe acoger la dimensión pública de la experiencia religiosa, y reconocer cordialmente su aportación al bien común. En particular, la tradición cristiana hace una evidente contribución social, educativa, cultural, sanitaria y asistencial a la convivencia de los españoles. De ahí el acierto del modelo de laicidad que postula el artículo 16 de la Constitución, al afirmar el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas, especialmente la Iglesia católica.
1. Fortalecer los acuerdos de fondo que sustentan nuestra vida común. No esperamos que la política nos traiga la felicidad, ni que resuelva aquellas necesidades cuya satisfacción requiere la libre creatividad de las personas y de la sociedad. Pero también sabemos que un determinado ejercicio del poder puede facilitar una convivencia libre y pacífica, o constituir un serio obstáculo para ella.
Resulta fundamental en este momento que, quienes formen nuevo gobierno después de las elecciones, dirijan sus esfuerzos a buscar el bien común y a recuperar y fortalecer los acuerdos básicos que han permitido el progreso pacífico de nuestro país desde 1978. El consenso constitucional, fundamento de nuestra actual democracia, es un bien demasiado grande como para dilapidarlo con veleidades ideológicas o pretensiones localistas de mayor poder.
2. Una democracia verdaderamente laica y participativa. Es obligación de un gobierno democrático garantizar el pluralismo. Por ello, lo primero que exigimos a nuestros gobernantes es que garanticen la libertad de la sociedad para expresar pacíficamente sus posiciones, participando así en la vida democrática.
Expresión fundamental de laicidad positiva es que se respete y promueva el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de educación. La asignatura de “Educación para la ciudadanía” lo ataca porque impone una formación moral obligatoria, dictada por el poder político. Por ello, sus contenidos deben modificarse radicalmente, limitándolos a la exposición del ordenamiento constitucional, como en los demás países de nuestro entorno europeo. Nuestro país necesita una política favorable a la libertad, tanto de los padres como de las realidades sociales educativas, para hacer frente a la situación de emergencia educativa en la que nos encontramos. Emergencia no sólo por la mala calidad del sistema educativo sino por la dificultad para transmitir una tradición viva a nuestros jóvenes, tanto españoles como procedentes de otras culturas.
3. Criterios para el bien común. Los Obispos españoles han expuesto de manera clara los elementos que deben animar a los futuros gobernantes. Estos criterios nacen de la experiencia humana que también nosotros vivimos y son un referente ideal para toda política.
Nos parece de especial importancia una política que:
- Salvaguarde la vida desde su concepción hasta su fin natural. Rechazamos los proyectos más o menos explícitos de ampliar la ley del aborto o de abrir el camino a la eutanasia.
- Apoye activamente a la familia y reconozca el valor social del matrimonio basado en la unión entre hombre y mujer, cuyo reconocimiento jurídico neto debe recuperar nuestra legislación.
- Luche contra el terrorismo con la convicción de que no hay paz sin justicia, sin verdad y sin libertad. No deben buscarse atajos, que además de inmorales, resultan siempre un fracaso. El terrorismo es una manifestación de la cultura de la muerte, y por eso la lucha contra esta lacra implica también una batalla educativa y cultural, para poner al descubierto la mentira profunda en la que se basa.
- Tutele y valore la unidad histórica, cultural y política de España como un factor del bien común, en un marco de verdadera libertad, también en el ámbito territorial, como establece nuestra Constitución.
- Se aleje del nuevo centralismo, del ‘estatalismo autonómico’ de nuevo cuño que se ha ido introduciendo durante esta legislatura, a través del proceso de reformas estatutarias de Cataluña y Andalucía, claramente intervencionistas y laicistas. Son necesarias políticas que se rijan por el principio de subsidiariedad. Este principio, entendido como respeto y potenciación de la libertad tanto de las personas como de los grupos sociales, y no como reformulación localista de las tentaciones del Estado, es la clave de bóveda del sistema democrático.
- Desarrolle unas medidas fiscales que no sofoquen la creatividad social y la iniciativa empresarial, y en el ámbito laboral atienda de manera prioritaria a la creación de empleo de calidad y estable.
- Reconozca que la inmigración constituye una oportunidad que nuestra sociedad sólo podrá aprovechar si goza de una fortaleza moral y cultural que le permita afrontar un verdadero proceso de integración. A la autoridad pública le compete el derecho y el deber de regular los flujos migratorios, teniendo siempre en cuenta la dignidad inviolable de toda persona y el principio de reciprocidad de la libertad religiosa. Este fenómeno requiere aproximaciones sucesivas. Es necesario conjugar la acogida, que incluye el respeto a la identidad cultural ajena, con la exigencia de que los inmigrantes acepten los valores básicos de la sociedad que los recibe.
4. Libres, no neutrales. Nos interesa entrar en diálogo con todas las realidades de la sociedad española. Queremos contribuir con obras e iniciativas a una convivencia en España que supere las barreras ideológicas. Esto es posible cuando se parte de la relación entre personas, como nos lo demuestra nuestra experiencia cristiana.
Como se ve, nuestra opción ante las próximas elecciones no nace de una posición “de partido”, pero eso no significa que seamos neutrales. En la actual situación votaremos al Partido Popular. Aunque éste no responde a todos los principios formulados, creemos que supone la única posibilidad realista de un cambio de gobierno y de rumbo en la política española. Esperamos que, de este modo, se favorezca el protagonismo de obras e iniciativas en las que se puede educar el deseo de infinito que mueve a todo hombre.
COMPAÑÍA DE LAS OBRAS – ESPAÑA
Febrero de 2008