Huellas N.9, Octubre 2002

SOCIEDAD

Educación. La izquierda sorda, la derecha muda

Ma del Carmen Carrón Pérez

La educación en España trata de ganar libertad. Ante el ejercicio de la iniciativa ciudadana, la izquierda reincide en su cómplice sordera y la derecha no sale del esquema que impone la mentalidad estatalista. Pero sopla un aire nuevo...


«La enseñanza está dejando de ser un servicio público y dejando de ser una responsabilidad del Estado. Ahora el PP concierta también la Educación Infantil aunque no sea obligatoria y el PSOE hace lo mismo en Aragón y Castilla-La Mancha».

Este comentario es de una revista de educación perteneciente al conocido sindicato CSI – CSIF. Aparecía bajo una estadística del INE sobre financiación y gastos de la Enseñanza Privada.

Buenas noticias
Sería una buena noticia si se entendiese bien. Ciertamente, si «la enseñanza deja de ser un servicio público» significa que va a pasar de ser algo exclusivamente de protagonismo estatal - todo el mundo confunde habitualmente público y lo estatal - a ser algo de iniciativa social, me parece una gran buena noticia. En este sentido la enseñanza, toda ella, será siempre un servicio público, la proponga quien la proponga y la pague quien la pague. Y porque esto no está claro, conviene empezar por el principio.

Por razones antropológicas que se reconocen en el Derecho, la educación corresponde en primer lugar a los padres: Art. 27 de la Constitución y Capítulo II art. 3 de la Ley de Calidad.

Estatalismo que huele a moho
La postura estatalista que lamenta que la educación deje de ser una responsabilidad exclusiva del Estado pone de manifiesto no haber entendido que la escuela es subsidiaria de los padres y ciudadanos. En la enseñanza se concreta la vida de un pueblo - familias, amigos, trabajadores, ancianos - que aborda la realidad entera e introduce a sus jóvenes en el significado que tiene. La hipótesis de un significado no se plantea sólo en la escuela, se expresa en las fiestas, el trabajo, el canto y el uso del tiempo libre, en fin, en la vida.

Que la tarea educativa, hoy , en gran medida, abandonada en manos del Estado, pase a ser asumida por los verdaderos protagonistas, supondría un avance social importante de hondas consecuencias. Lo contrario sería considerar a las familias y a la sociedad como inútiles o incapaces de tomar las decisiones que más les afectan. Sin embargo, de estas decisiones, las de los padres respecto a la educación de sus hijos, depende una democracia sana y adulta.

¡Vaya gracia!
¡Qué curioso es que a la izquierda, que enarbola siempre la consigna del pueblo, de su libertad y de su educación, cuando tiene que admitir que hay multitud de padres que optan por la escuela concertada le salga la vena proteccionista! Seamos serios: ¿no será que tienen miedo a la libertad que se ejerce realmente? O ¿es que los padres que no elegimos la escuela estatal para nuestros hijos tenemos que argumentar cada año nuestro derecho constitucional? Nuestra libertad para educar y, por tanto, para elegir un centro es anterior y previa a cualquier decisión de política presupuestaria. Ésta sólo debe reconocer y avalar consecuentemente a aquella para garantizar la verdadera igualdad de oportunidades, que sin respeto a la libertad de los padres sería una mera imposición.

Piñón fijo
Hace unos meses asistí a un encuentro en el CAP de Parla, a propósito de la Ley de Calidad, organizado por la Plataforma por la Escuela Pública. El escaso auditorio era en su 95% madres de la FAPA “Giner de los Ríos”. La persona que intervino antes que yo afirmó: «Hemos venido a criticar la Ley de Calidad y no hemos hecho otra cosa que poner verde a la LOGSE». En este momento pensé: «También la Plataforma por la Escuela Pública está por la calidad», pues parecía importarles hasta el punto de hacer autocrítica. Animada por cómo se desarrollaba el diálogo, propuse: «Pero, si queremos calidad para la pública, ¿por qué no reclamamos el cheque escolar y así los centros que no den calidad se hundirán ellos mismos y no tendremos que seguir sosteniéndolos?». La respuesta fue la previsible: «No es esa la libertad que nos interesa; partimos de que sólo un aumento de presupuesto puede dar calidad a la pública, que es de lo que hablamos». Les reté a un debate público sobre la libertad para educar: sigo esperando.

Una cuestión vital
Los defensores de la enseñanza pública o los de la concertada, da igual; para ellos la mejora de la educación se reduce a un problema de reparto económico. Lo cierto es que nunca ha habido tantos medios y menos educación en un verdadero sentido, como formación de un sujeto que se introduce en todo lo real a la luz de un significado.

Además está la conciencia que cada sector tiene de la relación con el fenómeno presupuestario: los defensores de la escuela estatal no se cansan de pedir, aun viendo que los medios se despilfarran y no cambia nada; los gestores de los centros concertados consideran que la aportación económica que reciben es un privilegio que obedece al momento. En cambio se trata de una cuestión de justicia social, de proteger la libertad de los padres, haciendo así efectivo el principio de subsidiariedad.

¿De dónde viene el dinero?
Por si es poco, se nos olvida de quién procede ese dinero y quién debe ser el protagonista de la política educativa. Quienes eligen el centro que desean para sus hijos son los padres, y el Estado está obligado a responder a sus demandas, a las de los contribuyentes. Lo contrario sería una imposición estatalista: «Es suyo el dinero, usted responsablemente quiere llevar a su hijo a un determinado tipo de centro; no obstante yo, papá Estado, que soy omnipotente, decido que es mejor otro y le obligo a ello». Semejante planteamiento incrementará familias débiles no sólo para ejercer su libertad frente al Estado, sino también para educar a sus propios hijos, futuro de la sociedad española.

Por lo tanto, que los padres elijan el tipo de educación que quieren para sus hijos además de un derecho reconocido por la Constitución, es un bien social que refuerza la madurez de nuestro pueblo, y constituye una obligación para los políticos comprometerse a defenderlo.

Ningún privilegio
¡No es ningún privilegio que los colegios concertados, que están siendo elegidos en algunas etapas mayoritariamente, sean respaldados económicamente por la Administración! Los padres educan y eligen, el Estado es garante de esta libertad. Los conciertos en Infantil son un reconocimiento a los padres y a sus derechos y libertades, no a la titularidad social que ellos han elegido. Estos centros reciben las subvenciones en virtud de su mejor oferta y la mayor demanda.

Libertad real
Más subvención, entonces, donde haya más solicitudes. Aunque lo más justo y respetuoso con la libertad de los padres sería instituir el “cheque escolar”. Esta es la prueba de fuego de todo gobierno que apuesta por la democracia real , por la libertad de educación que es base del resto de las libertades.