Argentina vi ve con intensidad los primeros pasos del nuevo gobierno democrático presidido por Alfonsín. Al margen de toda valoración política, hay que reconocer la decisión con que el nuevo gabinete ha acometido los problemas más candentes que se le presentaban.
En primer lugar, la grave crisis económica y su solución es el objeto de un plan de austeridad nacional que ha encontrado una clara contestación de la oposición parlamentaria, de las organizaciones sindicales (ligadas en buena parte al Justicialismo) y de algunos sectores populares.
La ley de Reforma Sindical que pretende una flexibilidad del actual esquema en esa materia, no ha despertado menos recelos en medios obreros que la interpretan como un intento del gobierno de meter alguna cuña en un feudo tradicionalmente dominado por la actual oposición.
l cambio en la cúpula militar ha sido fulminante y profundo, dejando claro que las Fuerzas Armadas deben atenerse a su papel constitucional y acatar la política gubernamental.
Sin embargo el tema que ha polarizado con mucho a la opinión pública, es el de los desaparecidos. Este problema trágico ha sido abordado sin titubeos tal como prometió Alfonsín en el discurso de investidura, hasta el punto que el general Bignone, que le hacía entrega del poder en tal ocasión, se encuentra hoy detenido y procesado por la desaparición de dos jóvenes.
Han sido varias las fosas comunes clandestinas descubiertas en cementerios de la propia capital, y a esto se han unido declaraciones no totalmente contrastadas, según las cuales muchos desaparecidos, previamente narcotizados, habrían sido lanzados al mar desde aviones. El drama se acrecienta de este modo al esclarecerse poco a poco lo que ya era una sospecha (si no una certidumbre) en la mente de todos.
Lo que más asombra es la impunidad y la trama de silencio que ha rodeado durante estos años, hechos tan execrables; el miedo, la tácita complicidad de unos y de otros, el interés político... todo ha conducido a la actual ignorancia de los hechos y ha sido cómplice por tanto del genocidio.
Mientras tanto, prosigue el trabajo de la Comisión de encuesta formada por políticos, intelectuales y representantes de la Iglesia, constituida en autoridad para investigar los sucesos por el Parlamento de la nación. Los jueces por su parte llaman a declarar, y se dictan autos de procesamiento para los principales encartados en la llamada "Guerra sucia" contra la subversión. Como dijo Alfonsín, no echar tierra encima de la tragedia es un imperativo moral al que no puede resistir ningún interés de poder.
La sociedad argentina tiene que encontrar el camino de la reconciliación, como pedían los obispos de aquel país en su Carta Pastoral, pero esto sólo será posible comprobando hasta qué punto, móviles ideológicos que mutilan la entera verdad del hombre, pueden conducir (tanto por uno como por otro lado) a este horror y esta degradación.
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