Huellas N.05, Mayo 1995

SOCIEDAD

La competencia favorece a la escuela

Gianmaria Martini

El tema de la educación, y en particular de los sujetos que tienen que ofrecer este servicio, no se suele afrontar de modo serio, ya que a menudo los planteamientos permanecen en el ámbito meramentemente ideológico.
Si , en cambio, se desea considerar el problema de forma no superficial, es necesario subrayar una serie de principios económicos fundamentales , que se pueden sintetizar en estos puntos:
1. Se suele decir que la educación es un bien público, que cada ciudadano tiene que poder disponer de ella (igual que de la iluminación de las carreteras, de la misma red de carreteras, del agua, etc). Cuanto mayor es la oferta de personas cualificadas en el mercado de trabajo, tanto menor es su coste, y, por tanto, se pueden desarrollar funciones complejas con un coste menos y una mayor productividad.
2. “Bien público” significa que tiene que estar disponible para todos, nadie debe ser privado de él. Si los así llamados entes privados pueden ofrecer dicho bien, no es necesario en absoluto que el Estado intervenga para ofrecerlo.
Si la educación puede ser garantizada para todos (incluso desde el punto de vista económico, es decir, en lo referente al pago de los recibos escolares) por el sector privado, entonces la intervención directa del Estado resulta superflua. Si,en cambio, la educación gestionada sólo por los entes privados no lo permite (ya sea porque el número de escuelas privadas es menor de lo requerido para toda la población escolar, o porque este servicio se realiza con un coste que excluye las estratos más pobres de la población), entonces en este caso el Estado debe intervenir proporcionando directamente el servicio.
Ambos principios excluyen, por consiguiente, una visión de las escuelas privadas como formas “elitistas”. Más aún, en recientes aportaciones realizadas por investigadores americanos en el campo de la economía se valora cada vez más la contribución a la educación de toda la comunidad. El “National Bureau of Economic Research” (NBER), una institución que da a conocer las aportaciones científicas más recientes de los economistas de todos los Estados Unidos, ha publicado (diciembre 1994) un artículo de una investigadora de la Universidad de Harward que demuestra cómo en los Estados Unidos las escuelas privadas no sólo son gestionadas de modo más eficaz, sino que además introducen una competencia que favorece notablemente la oferta educativa a la población que se realiza desde la escuela pública.
Merece la pena destacar algunos resultados del estudio: ante todo las escuelas privadas norteamericanas reclutan 12 % del total de la población escolar ( primaria y secundaria), entre las escuelas privadas el 87 % son expresión de creencias religiosas, y de entre éstas el 80% son católicas. La tasa media en las escuelas privadas en 1990 era de 1.892 dólares.
El principal logro obtenido por el estudio ha sido justamente el evaluar el efecto de la presencia de la escuela privada sobre la eficacia de la escuela pública. Las conclusiones son las siguientes:
- si crece la afluencia a las escuelas privadas se alarga la duración inedia del período de formación del estudiante en la escuela pública;
- si crece la afluencia a las escuelas privadas, aumenta el salario de los profesores de las escuelas públicas. Estas últimas, de hecho, para sostener la competencia de la privada, deben contratar profesores más cualificados y por ello tienen que pagarles más;
- si crece la afluencia a las escuelas privadas desciende el gasto público regional por alumno en las escuelas públicas;
- si crece la afluencia a las escu¬las privadas desciende el coste medio por estudiante en las escuelas públicas, es decir, la gestión de las escuelas públicas mejora su eficiencia.
Estas conclusiones tienen una gran importancia tanto desde el punto de vista económico como del social: las escuelas privadas además de aligerar el Estado en el proporcionar a la población el servicio de la educación, aumentan la eficacia ya sea en el rendimiento de los estudiantes como en la gestión pública. Parece, pues, que los argumentos económicos resultan más que suficientes para favorecer el desarrollo de las escuelas libres también en nuestro país en vez de obstaculizarlas.