Huellas N.3, Marzo 2001

ELECCIONES ITALIANAS Y PARA QUIÉN

Votar para qué

Giorgio Vittadini

En vísperas de las elecciones políticas italianas, hace falta identificar los contenidos de una batalla cultural a favor de la libertad y el pluralismo. Subsidiariedad, empresas sin ánimo de lucro y exención fiscal son los tres principales retos ante el futuro. El presidente de la CdO marca algunos criterios para enjuiciar políticos, partidos y facciones


Hemos crecido durante años convencidos de que el Estado puede organizar nuestra vida, desde la cuna hasta la tumba, como se afirmaba en los países escandinavos. Lástima que, precisamente en esos países, el porcentaje de suicidios sea el más alto del mundo y la carretera que va de Estocolmo a Copenhague los domingos se llene de chicos que se emborrachan “legalmente”. Tanto en Italia como en Suecia la CEE y el mundo actual no permiten que se malgasten más fondos públicos y todos abogan por la reforma del Estado de Bienestar, es decir, por reducir el gasto público en el campo de la protección social: sanidad, asistencia, educación, trabajo, pensiones, etcétera. Por eso se realizan contratos con condiciones mínimas para la asistencia a minusválidos y, a la vez, se crea una Caja de ahorros para el Sur; se echa a los enfermos crónicos de los hospitales, pero se financia a entidades útiles sólo para los 45 partiduchos de la Segunda República. Se habla de recortes en las pensiones, pero se continúa con la clonación “federalista” de la burocracia en el ámbito regional, provincial y municipal.

Subsidiariedad: liberalizar, no privatizar
Quería ahora aclarar lo que significa para nosotros vivir en una sociedad en la que la libre iniciativa del individuo (verdadero motor de desarrollo), la vida del mundo asociativo que se mueve por un ideal (único lugar de educación de la persona) y las instituciones estatales (fundamentales si desarrollan un papel de control y no de intervencionismo tipo URSS de los años 70), pueden contribuir a construir un sistema social más caritativo y más eficiente.
A los nietos de Ceausescu y de Francisco Franco, nostálgicos del Estado patrono, y no convencidos de este principio, les querríamos recordar que “público” no es lo mismo que “estatal”; que un bien o un servicio (escuela, universidad, centro de formación, hospital, museo, teatro, parque natural, centro deportivo...), aunque esté gestionado por un sujeto no estatal, es publico puesto que es útil para todos.
Desde el medievo, la historia económica italiana se ha construido gracias a obras nacidas del pueblo. El movimiento católico y obrero construyeron mutualidades y cooperativas, pero también entidades bancarias movidas por finalidades solidarias que través de la erogación financiera favorecieron un extenso desarrollo. El bienestar y el crecimiento aportados por la pequeña y mediana empresa italiana han evitado que en nuestro país se desarrollará sólo el capitalismo de las grandes familias. Y ha permitido que el “made in Italy” se consolidará en el extranjero.
Italia es la patria de la Sociedad del Bienestar y de la libre iniciativa económica. Es grave que, en vez de reconocer el principio de la subsidiariedad (expresado sólo por la Iglesia en la Rerum novarum y en la Quadrigesimo anno), se haya sostenido que el Estado es el único factor de desarrollo. De ahí ha surgido el Estado pastelero, el Estado químico, el Estado obrero y lo que es peor, el Estado médico, educador, formador, asistencialista. E incluso hoy día, mientras se privatiza todo no se quiere tocar el principio del Estado que debe curar, educar... Quién realiza estas actividades como ente privado es visto como un competidor indeseable o un enemigo del pueblo.
Es necesaria una ley constitucional que equipare a todos los que sirven a la pública utilidad, sean entidades estatales o privadas.

Non profit para la Sociedad del Bienestar
Lo que en otros países (Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Canadá. ...) ha sido creado de la nada y se ha convertido en el motor de desarrollo del sector de los servicios a la persona - es decir un sector non profit que construye escuelas, universidades, hospitales, institutos asistenciales - existe también en Italia pero no está reconocido.
Algunos confunden el sector non profit con el sector privado con ánimo de lucro: los estatalistas porque no creen que el sector privado pueda actuar en economía por un ideal; los liberales a ultranza porque creen que la idea misma de una realidad privada no guiada por la pura lógica del benefició - y por tanto tratada de otra manera que las empresas profit - altera las condiciones de la libre competencia del mercado. De esta manera se reduce el sector non profit a voluntariado, tanto más promovido cuanto menos testimonio dé de los motivos por los que actúa.
Una empresa non profit es cualquier realidad que tiene un patrimonio y una renta pero no distribuye los beneficios. Después de la confusión legislativa que dio a luz ese ratón jurídico de las ONLUS (Organización No Lucrativa de Utilidad Social), hay que convertir en norma legislativa el motivo recurrente que aúna realidades jurídicas muy diferentes (asociaciones y fundaciones, cooperativas sociales y no sociales, IPAP, ONGs). Es necesaria una simple ley que reconozca la existencia de realidades, como hace ya el Sec, la Sna, el Istat, es decir, las instituciones de contabilidad nacional.

Libertad de elección, bonos y deducciones fiscales
Pero hay que dar un paso más. Existen legítimamente “mutual non profit” que prestan un servicio a los socios y promueven el bienestar. Las “public non profit”, estas entidades que con frecuencia durante siglos han respondido a las necesidades del pueblo, porque sus miembros, además de trabajar como voluntarios y hacerlas más eficientes y capaces de competitividad, las han financiado libremente con donaciones y herencias.
Las mismas formas de gobierno o de Estado que precedieron a la actual República, siempre reconocieron condiciones de favor a estas obras. Por lo demás, ¿quién podría objetar que el Pio Albergo Trivulzio, el Cotolengo, el San Camillo, las universidades de Bolonia y Pavía o la Umanitaria son bienes privados a favor de pocos? ¿Por qué entonces hoy le es tan difícil actuar al non profit? Al no reconocer el concepto de “non profit de utilidad pública” se ha bloqueado el libre flujo de capitales hacia esta realidades. Las donaciones están sujetas a impuestos, el trabajo de los voluntarios se considera ilegal y en concurrencia con el de los asalariados. Se ha preferido identificar el non profit con las empresas privadas, creando un sistema de convenciones, contratos con mínimas condiciones y pocas financiaciones y muy repartidas que hacen del Estado la fuente de financiación directa del non profit.
Si se sostiene, en cambio, una ley civil que reconozca patrimonio y renta al sector non profit, pero no distribución de beneficios, se puede desmontar este sistema y dar vida a un sistema mixto publico-privado basado en la acreditación de acuerdo con criterios cualitativos, como ya sucede en muchos países. Las personas deben poder elegir si quieren dar una parte de su renta personal y empresarial a través de los impuestos (para que el Estado lo emplee en la gestión de los servicios colectivos), o bien utilizarla directamente mediante diferentes instrumentos:los cheques servicio (una contribución entregada a las familias como el cheque escolar o el cheque asistencia), exenciones fiscales para quien invierta en desarrollo, exoneración de impuestos para las donaciones a entidades sin ánimo de lucro.
El doble principio de la libre elección del ciudadano y de la reactivación de una verdadera concurrencia entre operadores estatales y no estatales representa la gran reforma económica. Además esto es esencial para dar respuesta a las necesidades fundamentales, que son poco remunerativas para el sector privado y demasiado costosas para el sector público. ¿Quién atenderá a los pacientes crónicos fuera de mercado para el servicio sanitario nacional o para los hospitales privados? ¿Quién asegurará la instrucción no sólo técnica para el desarrollo cultural del país? ¿Quién defenderá el ambiente renunciando a enriquecerse con los terrenos edificables o vendiendo bienes de la hacienda pública? ¿Quién realizará la política de trabajo superando normas y obligaciones de Estado y la imposición de organizaciones sindicales al estilo de La ley del silencio?

Por una verdadera libertad de la persona
Afirmar que lo publico no es necesariamente estatal, que se debe reconocer una empresa social que actúa de manera diferente al Estado (non profit) y al sector privado, que los fondos destinados a servicios para la colectividad no tienen que ir obligatoriamente al fisco, significa sostener tres principios muy impopulares. ¿Qué político tendrá el valor de actuar en este terreno donde se realiza el único y verdadero principio de libertad para los ciudadanos? Sería un político que amase la libertad. Nosotros también la buscamos siempre. Por eso nos situaremos al lado de cualquiera que reconozca en esta tensión el instrumento para continuar el ímpetu de educar a la persona a través del cual hemos sido engendrados y que amamos sobre todas las cosas.