3 de maro. La fecha puede pasar a la historia como la de mayor participación en unas elecciones generales, después de las primeras transición. Las urnas recibirán las esperanzas, pero también la crispación de un pueblo al que no se le ha ayudado a identificar las causas reales de su largo y profundo malestar.
Para nosotros, cristianos, éste es un momento importante. Y no porque el previsible nuevo gobierno vaya a respetar o tutelar algunos valores morales y religiosos ignorados largo tiempo. Cualquiera que sea el nuevo curso político que resulte de las elecciones, nuestra tarea principal seguirá siendo construir y dilatar espacios de convivencia que hagan posible encontrar y vivir hoy la experiencia cristiana. Para nosotros lo que cuenta es vivir y hacer presente la fuerza de la fe cristiana, la unidad de unos hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, la comunión, que es el factor de la transformación humana y social más decisivo que ha existido y sigue existiendo en la historia de los hombres, la condición de su verdadera liberación.
Esta experiencia genera un pueblo que no se deja reducir a ser instrumento en manos de cualquier poder hegemónico, un pueblo que se interesa por los problemas del país con inteligencia y pasión y con el deseo de colaborar con todos en la construcción de una sociedad más justa y más humana. Un mayor espacio público para la vida de este pueblo, sin ningún afán de hegemonía, y la construcción del bien común, son las razones de nuestro interés por cualquier convocatoria electoral.
1. Muchos sienten como superfluos e inútiles los llamamientos a la participación. Porque sólo la conciencia de la propia identidad y el vínculo con una historia son principio de una responsabilidad civil capaz de construir. Las personas que tienen una identidad clara toman iniciativa en los diversos ámbitos de la vida y están dispuestas a colaborar con todo aquel que no se avergüence tampoco de pertenecer a una historia y de tener un rostro.
La moralidad política consiste en rendir cuentas al pueblo al que se pertenece. El centro de toda moralidad es comprender que tenemos que responder de nuestras acciones, de nuestro trabajo, de nuestra labor. Demasiada política actual -en el poder y en la oposición- resulta inmoral precisamente porque ha querido independizarse de cualquier punto de referencia. Refundar moralmente la política significa restablecer en los políticos el sentido de pertenencia a un pueblo, a una comunidad. Sólo se es responsable ante aquello a lo que se pertenece. Y nosotros, cristianos, pertenecemos a una realidad popular que nos precede, la Iglesia. También los políticos cristianos. Por eso, para nosotros, hoy, la primera política es hacer renacer el pueblo cristiano al que pertenecemos: un pueblo cristiano renovado creará políticos nuevos, una comunidad renacida hará descubrir la política como construcción del bien común. Nuestra propuesta va más allá del 3 de marzo, como también ha nacido mucho antes de esta campaña electoral concreta. Pero las elecciones, cada campaña electoral, son jalones importantes para ese posible renacer del pueblo cristiano.
2. Durante demasiado tiempo los cristianos españoles hemos aceptado una concepción de la fe reducida y dualista. Sufrimos la separación entre una espiritualidad cristiana capaz de animar solamente la vida interior del hombre y una vida de relación social planteada según otros criterios y otras visiones de la realidad. Debemos comenzar a superar esta esquizofrenia para recuperar la verdadera experiencia cristiana: una vida auténtica, una vida plena, una vida unida, ¡una vida humana!
A nosotros nos mueve una pasión por todo lo humano, la pasión de que la vida del hombre pueda ensancharse saliendo de la mezquindad actual, de que los hombres puedan encontrarse a sí mismos y entre sí, de que las diversas culturas puedan convivir y estimarse, en resumen, la pasión por construir la ciudad del hombre para todos los hombres.
Dentro de las instituciones políticas aspiramos a construir también, en coherencia con nuestra fe, una dinámica de servicio a todos los hombres. Sabemos que los partidos debieran ser instrumentos de participación política para la construcción de una sociedad más adecuada a las necesidades del hombre, pero hoy, en la circunstancia española, lo son todavía en escasa medida. Nosotros, cristianos, debemos contribuir con nuestro voto y, sobre todo, con nuestra presencia pública cotidiana, a una renovación de la democracia española que le haga conectar mucho más con las raíces populares de una vida política sana.
Porque la política sólo puede renovarse si se reencuentra con una base ideal y cultural. Una política indiferente a los valores, a toda cultura, a toda visión del hombre y de la sociedad, no es más que proyecto - a fin de cuentas, privado - de poder. El intento de reducir la política a una mera organización de funciones técnicas, indiferentes a toda referencia ética, solo puede imponerse a costa de la salud cívica, intelectual y moral del pueblo.
Solo tenemos la pretensión de ejercer un derecho y un deber irrenunciables: ser nosotros mismos dentro de la sociedad, porque el país será más justo y democrático en la medida en que cada uno sea quien es y se manifieste como tal. No hay democracia cuando todos piensan de la misma manera, cuando se impone un conformismo de masas que anula toda identidad, toda fe, toda cultura diferenciada.
Nosotros ponemos nuestra identidad y nuestra cultura al servicio de todos, contribuyendo así a impedir cualquier proyecto de hegemonía sobre la sociedad española. Queremos que se construyan puntos de encuentro entre las diversas identidades que componen el pueblo. Queremos leyes que defiendan la centralidad del hombre y su dignidad inviolable. Reclamamos al gobierno y a la oposición que garanticen las condiciones de libertad para que todas y cada una de las experiencias humanas puedan vivir, expresarse y construir socialmente.
3. Los católicos tenemos en la doctrina social cristiana, expresión de la conciencia de la Iglesia militante, el criterio de nuestra acción social y política y, por tanto, el criterio de nuestro voto. A la vista de nuestro momento histórico, y dentro del marco ofrecido por la instrucción pastoral de los Obispos españoles ante las próximas elecciones generales, entresacamos algunos elementos de juicio especialmente urgentes para la situación presente.
DEFENSA DE LA SACRALIDAD DE LA VIDA
Una sociedad que no reconozca ante todo la dignidad de la vida como algo que trasciende el interés particular no puede aspirar a realizar el bien para el hombre. La afirmación del valor sagrado de la vida humana, desde su concepción y hasta su muerte, especialmente en aquellas situaciones en que es más débil y vulnerable, fundamenta la posibilidad misma de defender consecuentemente cualquier otra reivindicación de mejores condiciones de vida en los diversos planos, situaciones y estadios de la existencia de los hombres. La oposición al aborto y a al eutanasia no hacen sino reflejar el asombro y la gratuidad por el significado que tiene toda vida humana.
Toda auténtica acción política debe responder al desarraigo y la soledad de los parados, los drogadictos, las personas sin hogar y los ancianos abandonados. La lucha contra el hambre y sus causas en el plano internacional tiene también su fundamento en esta defensa del carácter sagrado de la vida humana.
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA
La familia es la forma comunitaria original que permite a la persona introducirse humanamente en la realidad. Su defensa y promoción son la primera condición para reconstruir el primer ámbito de sociabilidad plenamente humano, capaz de tutelar el crecimiento y desarrollo de la persona en todos sus factores y, como consecuencia, de la sociedad. La capacidad de acción gratuita y solidaria tiene su primer origen en la experiencia infantil y juvenil de la unidad familiar. El reconocimiento del valor único y no equiparable a otras formas de unión del matrimonio es una asignatura pendiente de la legislación española. Una política que favorezca la unidad familiar es la base de cualquier llamamiento a la solidaridad.
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
La responsabilidad y el derecho de educar conforme a su propia experiencia y tradición corresponde a los sujetos sociales, en primer lugar, a las familias. El estado debe favorecer y garantizar ese derecho. La defensa y promoción de una enseñanza libre y del justo pluralismo de ofertas educativas dan la medida del grado de civilización y de madurez de un pueblo, ya que lo que cualifica a una sociedad como civil es justamente la libre comunicación y transmisión de toda experiencia humana y de toda cultura.
TRABAJO DIGNO Y PARA TODOS
Hay que recobrar el gusto de obrar en función de un ideal que confiera utilidad a los esfuerzos y sacrificios que requiere el trabajo. En el trabajo se expresa la dignidad del hombre. Por consiguiente, sólo una concepción del trabajo que ponga al sujeto humano por encima de los medios y técnicas de producción puede superar al reivindicacionismo exasperado de tanto sindicalismo corporativista y la búsqueda exclusivamente por el ideal del beneficio, sino por la presentación de un servicio público con rentabilidad suficiente.
La lucha contra el paro, que es actualmente el mayor factor de degradación humana, es realista únicamente desde esta perspectiva.
4. Nuestro juicio sobre la etapa que está tocando a su fin no puede ceñirse a la corrupción y el abuso de poder. El debate al que asistimos se reduce a un escándalo por la transgresión de las normas legales y morales sin que se plantee el origen profundo de los hechos.
Nuestro pueblo vive una confusión que hunde sus raíces más allá de las razones políticas. La causa es una pérdida de los puntos de referencia para la conciencia del pueblo, provocada por la disolución de las tradiciones que le daban consistencia, entre ellas y de forma primordial, el cristianismo. La crisis moral, de la que tanto se habla, es más profunda, porque las personas y los grupos han perdido toda referencia ideal. Todo ello conduce a una situación de malestar difuso, cuyos rasgos son la violencia creciente, el escepticismo y el refugio en la defensa a ultranza de los intereses privados o de grupo.
Desde el inicio de su gestión, los gobiernos del PSOE han pretendido una transformación "modernizadora" de nuestra sociedad. Ello ha consistido en que durante 13 años el PSOE ha procurado alcanzar, con rigor y meticulosidad, un objetivo claramente definido en el "programa 2000" del partido: imponer su hegemonía cultural sobre la sociedad.
Para ello la acción de gobierno ha recortado espacios de libertad real y ha sustituido las energías latentes en la sociedad por un dirigismo sectario: era imprescindible debilitar, cuanto más mejor, a cualquier posible competidor. El crecimiento desmesurado de la Administración, la multiplicación del sistema de subsidios y subvenciones a dedo y un férreo control de los medios de comunicación han sido los instrumentos utilizados para ello. Cualquier otra instancia que contuviese una propuesta alternativa a la del poder era considerada como un enemigo.
En ese esquema la tradición católica se ha identificado como un dato hostil que era preciso disolver o, cuando menos, reducir a su expresión privada, cultural, o como máximo, asistencial. A la Iglesia se la ha tratado de forma prepotente y rencorosa, sin consideración alguna ni siquiera a su papel social. Los espacios de libertad real, tanto para la comunidad cristiana como para otras identidades sociales, se han visto recortados en la práctica. El resultado de esta política ha sido un intento de disolución de todas las iniciativas, grupos o movimientos ajenos a la línea del gobierno y una atroz homologación cultural.
El rechazo a la situación creada empuja a muchos a esperar una solución que vendría de manos de los "nuevos puros": ciertos periodistas, jueces y líderes de opinión. Pero este nuevo dominio sólo ahondaría el malestar y aumentaría la confusión, sin ofrecer puntos firmes de reconstrucción para la conciencia del pueblo.
Vamos a promover, pues, a través de nuestro voto, un cambio político que ofrezca mayores garantías de libertad para construir en la vida social, una defensa más eficaz del pluralismo y una modestia mayor en la acción de gobierno. En las actuales circunstancias esto quiero decir, por puro realismo, dar el voto al Partido Popular. Esperamos que su intención de reducir la dimensión de la estructura estatal en España y dejar mayor espacio e iniciativa a los agentes sociales haga posible lo que sostenernos desde hace años: «Más sociedad, menos estado». En definitiva, esperamos del cambio de gobierno unas condiciones políticas que permitan expresar lo que unos y otros somos, sin trabas, en un clima de mutuo respeto, y que facilite cauces a la creatividad del pueblo.
EXTRACTO DEL DOCUMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Votar en las elecciones generales no sólo es un derecho civil y constitucional, sino también una obligación, de la que solo por razones graves puede uno sentirse dispensado. Ahora bien, antes de emitir un voto responsable se requiere un discernimiento personal y razonado.
Para formar debidamente el juicio han de concurrir los siguientes elementos:
- el conocimiento de la realidad actual de nuestro país;
- la información correcta sobre le programa de cada una de las oposiciones políticas;
- la honradez, la credibilidad y la capacidad profesional de los candidatos;
- los principios fundamentales y de valoración que rigen en el mundo libre y, en el caso de los cristianos, los que se deriven de la fe y del Evangelio.
Problemas de nuestra sociedad:
- el paro;
- el terrorismo;
- la seguridad ciudadana;
- la corrupción y la pseudocultura del dinero fácil;
- la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, la educación, la sanidad, etc.
Pero no basta considerar solamente los problemas que hay que resolver. La acción de los políticos ha de orientarse también a garantizar, defender y promover la dignidad de las personas, los derechos fundamentales de los individuos y de los grupos humanos y el bien común. Atención especial habrá de prestarse:
- al derecho a la vida de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte;
- al derecho a la libertad y a la garantía de su ejercicio;
- a la institución matrimonial no equiparable con otro tipo de uniones, y a los derechos de la familia;
- a los derechos de las personas y de los grupos a la profesión pública y privada de su fe;
- a la creación y conservación de un clima moral fundamentado en principios éticos;
- a la solidaridad con los más débiles;
- a la conservación de la naturaleza.
En la campaña electoral pedimos que se eviten las promesas demagógicas y el abuso de los medios públicos en favor de una determinada opción política. Ningún partido se adecua plenamente con el Evangelio, aunque unos se aproximen más que otros.
A los católicos, muy especialmente, los exhortamos a que actúen siempre, tanto a la hora de elegir a sus representantes, como si ellos mismos son elegidos, en plena coherencia con sus principios y con su fe.
Madrid, 18 de enero de 1996
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