Huellas N.5, Mayo 2007

CULTURA - Educación para la Ciudadanía

¿Quién tiene derecho a educar?

Javier Restán

La implantación de la llamada Educación para la ciudadanía en el sistema escolar español ha constituido quizá la novedad más notoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada por el Congreso de los Diputados el año 2006. No se trataba, en la mente de sus propulsores, de dar a conocer los fundamentos de nuestro sistema político o una introducción a la Constitución española, sino de crear una “moral ciudadana”. Para hacer frente a la justa preocupación de los padres y los educadores, es necesario un sano realismo y una renovada asunción de la responsabilidad educativa por parte de todos

Son muchos los aspectos de la LOE que, lejos de constituir un marco que favorece la transformación de la educación española, van a contribuir a su estancamiento y deterioro. Esta Ley supone un retroceso respecto de los pequeños pasos que había establecido la anterior Ley, la LOCE, y que fue suprimida con un “decretazo” en una de las primeras medidas que Rodríguez Zapatero tomó para explicar lo que para él significa “talante”. La aprobación de la LOE supuso la vuelta del igualitarismo al sistema escolar –de donde nunca ha llegado a irse del todo–, del “democratismo” en el funcionamiento del sistema, y de las modas pedagogistas, ahora ablandadas por el clamor de la realidad. Poco se ha avanzado en la conquista de la calidad en el sistema, en la recuperación de una enseñanza vigorosa y enraizada en nuestra tradición cultural, en la llamada “cultura del esfuerzo” y de la evaluación. En definitiva, nuestro país ha perdido la oportunidad de dar un paso hacia un sistema escolar que gane en libertad y recupere confianza en su escuela.

Motivo de justa preocupación
Sin embargo, la cuestión que ha generado más preocupación y rechazo en un amplio sector de la población española ha sido la implantación de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía. Y no es para menos. Esta nueva área de conocimientos ha sido introducida en el sistema educativo con la intención de que se convierta en un área de formación “de la conciencia moral cívica”. No se trataba, en la mente de sus propulsores, de dar a conocer los fundamentos de nuestro sistema político o una introducción a la Constitución española, sino de crear una “moral ciudadana”.
Esta intención expresa de la Ley es motivo de justa preocupación en muchas familias, que ven cómo la escuela, ya de una manera explícita, intenta sustituir la responsabilidad de los padres en la educación moral de los hijos. Un derecho de los padres consagrado por la Constitución española de 1978.

Una pretensión ilegítima
Así pues, el elemento original y perverso de esta asignatura, que ha suscitado una resistencia espontánea en muchas familias españolas, es precisamente la pretensión de proponer a través de ella una “moral cívica”. Esta es la esencia del problema: que el Estado tiene la pretensión de convertirse en educador y moralizador. Y para ello trata de usar un instrumento tan poderoso como la escuela obligatoria. Planteada así, la Educación para la ciudadanía pretende de los jóvenes su asentimiento a un conjunto de valores supuestamente “comunes”, y supuestamente “establecidos” en la sociedad española. O incluso más, inducir nuevos valores que la sociedad debería ir asimilando desde las aulas. Esto convierte a esta asignatura, al menos potencialmente, en un mecanismo de homologación cultural, de domesticación. La esencia de lo que nos amenaza es «el Estado que trata de programar sus ciudadanos» como dijera el escritor checoslovaco Belhoradsky.

Depende de los contenidos
Muchas organizaciones civiles, plataformas familiares, asociaciones de padres, han mostrado con hechos y palabras su rotundo rechazo a esta asignatura. El Partido Popular, que votó contra esta Ley en el Congreso de los Diputados, ha manifestado de muchas formas su rechazo a esta asignatura. También los Obispos españoles han publicando una Nota en la que señalan el peligro que encierra esta área de conocimientos, que tiene un potencial adoctrinador muy evidente. En esta Nota la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal acepta que si esta asignatura se limitase a introducir a los alumnos en el sistema político español y sus bases jurídicas, no habría nada que objetar a la misma. Sin embargo, se detecta, afirman los Obispos, un intento de adoctrinamiento en una supuesta moral cívica impregnada de relativismo y de “ideología de género”.

Partir de los hechos
La discusión sobre esta nueva materia debe partir de los hechos y no de interpretaciones. Y partir de los hechos es, en primer lugar, aceptar que no estamos hablando de un proyecto político, ni de las ideas de un grupo de presión social, sino de una Ley aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento español. Una Ley aprobada y vigente, que las Comunidades Autónomas deben ahora aplicar en sus ámbitos territoriales. La discusión sobre la Educación para la ciudadanía debe situarse en este plano.
En segundo lugar partir de los hechos significa atenerse a lo que dice la LOE y sus Decretos de desarrollo, y no a lo que digan los intérpretes entusiastas de la nueva asignatura, se llamen estos Gregorio Peces-Barba, Victorino Mayoral o cualquier otro miembro de la Fundación CIVES, Fernando Savater o Gómez Llorente… Es importante esta cuestión, porque una Ley es el producto de acuerdos, pactos, transacciones y son muchas las instancias, grupos e instituciones que han influido sobre el contenido final que marca la Ley. Veamos pues los contenidos reales de esta materia y discriminemos claramente aquellos elementos que pueden ser problemáticos de aquellos que no lo son.

Elementos para una crítica
Dar un juicio sobre la Educación para la ciudadanía es uno de los trabajos más interesantes del debate cultural y político actual, porque esa asignatura actúa como catalizador de muchas cuestiones de fondo respecto de la sociedad española de hoy en día.
La primera apreciación que surge del análisis de los Reales Decretos de desarrollo de la LOE donde se establecen los contenidos mínimos de esta nueva área de conocimientos en las enseñanzas primaria y secundaria, es la trivialidad de muchos de sus contenidos. Es una sistematización de lo “políticamente correcto”. Bien mirado, se trata de “consejitos” para portarse bien… En un mundo que se desmorona, donde están en tela de juicio los fundamentos, esta asignatura viene a adoctrinar sobre las señales de tráfico, la “negociación de conflictos” para resolver las contradicciones que los chavales se van encontrando, o la importancia de participar en actividades de voluntariado. Más que a la denostada Formación del espíritu nacional de la época de Franco, estos consejitos recuerdan a las clases de Urbanidad, que todavía muchos recibimos, eso sí, siempre el viernes a última hora.

Una evidente censura
Pero junto a esta trivialidad nos encontramos con otros planteamientos verdaderamente graves. Y el más grave, sin duda, es que la Educación para la Ciudadanía, tal como aparece en los Reales Decretos de primaria y secundaria, parte de una censura de los aspectos más fundamentales de la existencia humana. Se censura el sentido religioso que constituye la dinámica esencial del hombre, y por tanto del ciudadano, y se parte de una concepción reductiva del hombre, donde se elimina su relación personal y exclusiva con el Misterio. Desaparece la persona, llega el ciudadano. Adiós a la Religión, bienvenida la Educación para la Ciudadanía.

El “bálsamo de Fierabrás”
En realidad, una asignatura como ésta es la manifestación del fracaso de la educación como tal. Es el signo de una profunda fragmentación e impotencia de la educación, el fracaso de una idea unitaria y global de la educación. Una educación cívica, una formación de ciudadanos dispuestos a trabajar por el bien común y el compromiso en la construcción de la comunidad civil, es el producto de una educación integral, capaz de suscitar la libertad, la curiosidad y la iniciativa de los jóvenes. Dado que la educación tal como se produce en los centros escolares españoles parece, según todos los indicios, impotente para ello, se ha inventado el “bálsamo de Fierabrás” que vendrá a solucionar la multitud de problemas de nuestra sociedad. Este bálsamo se llama Educación para la Ciudadanía, pero su inadecuación a los fines para los que se ha inventado es demasiado evidente. Incluso antes de que se ponga en marcha.

Por lo demás esta asignatura, en los contenidos mínimos aprobados por el Ministerio de Educación, transpira esa “ideología invisible”, ensalada de un insoportable “buenismo”, un constructivismo carente de perspectiva histórica, republicanismo cívico al gusto de Zapatero y feminismo, mucho feminismo.

Una crítica de fondo
Para colmo, cuando los Decretos plantean la evaluación de la asignatura proponen que el profesor evalúe mediante la observación de las actitudes del alumno: su tolerancia, que sea participativo, que rechace una serie de cosas que se le va a decir que son malas, que tienda a resolver los conflictos mediante la negociación, que valore la dignidad humana… Aquí se roza, cuando menos, una concepción totalitaria de la política: no se pide que se aprendan conocimientos o que se obedezcan las normas, sino que se exige una adhesión interior.
Es importante percatarse de que una crítica de fondo de esta asignatura se convierte necesariamente en una crítica a la situación cultural y social dominante en nuestro país. Posiblemente una educación formulada en términos parecidos o aproximados a los que plantea la nueva asignatura es ya algo común en muchos centros de enseñanza españoles, antes de que se implante como tal. Esta ideología puede ser ya dominante en la enseñanza de la ética, por supuesto, pero también en la historia, en la biología, ¿quizá en muchas clases de religión…? Y qué decir de las actividades extraescolares.

Esto es así, pero lo grave en la implantación de la nueva Educación para la ciudadanía es que ya no se trata de una debilidad de la capacidad educativa de los centros o incluso de una opción definida por parte de alguno de ellos, sino de una pretensión sistemática del Estado: se nos quiere imponer legalmente un modelo de educación inaceptable. Esa mentalidad difusa en muchos centros y profesores adquiere carácter oficial, vulnerando no sólo de hecho sino de derecho la libertad de los alumnos y de los padres. Ante este salto cualitativo hay que oponerse con todos los medios legítimos a nuestro alcance.

¿Qué podemos hacer los padres?
La implantación en el sistema educativo español de la Educación para la ciudadanía es ocasión propicia para la recuperación de una responsabilidad educativa que es, en primer lugar, de los padres. Y en segundo lugar de la sociedad y sus organizaciones libres, antes que del Estado.

Se trata de una magnífica ocasión para entrar en un diálogo con nuestros hijos. Ponerse cara a cara con ellos para dialogar sobre todos aquellos temas que, ya sea a través de la Educación para la ciudadanía, ya sea por la televisión o, simplemente por ósmosis del ambiente están delante de sus ojos despertando preguntas y, desde luego, generando su confusión. De nuevo aquí hay que hablar de la renuncia masiva que las familias españolas han realizado respecto de su tarea educativa. Una dimisión que se traduce en una entrega de la tarea educativa en manos de la escuela, a la que a veces exigimos más de lo que puede dar.

Una grave responsabilidad
La responsabilidad de los políticos al respecto es muy grande. Las Administraciones Educativas están ahora elaborando los Decretos que deben concretar en cada Comunidad Autónoma los contenidos que se impartirán en el tiempo dedicado a la Educación para la ciudadanía, a partir de los mínimos fijados por los Reales Decretos del Ministerio de Educación. Por eso es responsabilidad muy grave de quien tiene competencia en las políticas educativas aprobar contenidos y programas de estudio que, dentro de la legalidad, escapen de un intervencionismo adoctrinador y de la imposición de una ideología pretenciosa e inaceptable para un gran número de familias.
Las editoriales de libros de texto, ateniéndose a los contenidos que establezcan las Comunidades Autónomas, también tienen un margen importante de responsabilidad en la elaboración de los libros que manejarán profesores y alumnos. Por otro lado, son los centros docentes quienes deberán escoger uno u otro texto, con lo cual los centros y sus asociaciones patronales pueden también incidir en los contenidos y enfoques que desean para los libros con los que se impartirá esta asignatura.

Centros y profesores
Los centros docentes, de manera especial los de titularidad no estatal, siempre tienen la posibilidad de adecuar los contenidos de esta asignatura al carácter propio del centro. Este filtro es fundamental, puesto que el proyecto educativo de un centro, su carácter propio, está preservado por la Ley y por la misma Constitución, y es una obligación que toda enseñanza que se imparta en el centro respete esta identidad y no la violente.
Ahora bien, ¿de qué sirve un libro de texto, y mucho menos un Decreto de la Administración, ante un profesor dentro del aula frente a sus alumnos? Es aquí, en la persona del profesor, donde se sitúa, sin ningún género de dudas, la responsabilidad primera. En ese sentido, los profesores tendrán que entrar en un diálogo con sus alumnos, sin escatimar ningún aspecto que se trate y abordando todos los temas que sea necesario impartir con respeto a su propia conciencia y a la conciencia de sus alumnos. Para un profesor los temas que se proponen en la Educación para la ciudadanía pueden incluso convertirse en una oportunidad educativa, dado que se trata de muchas cuestiones que suscitan preguntas reales en los niños y adolescentes, y que exigen respuestas razonables, adecuadas, que implican inevitablemente la persona del propio profesor.

El caso concreto
En cualquier caso, cuando se imparta esta nueva asignatura, pueden darse no pocas situaciones –pensemos en la enseñanza pública en muchos pueblos o especialmente en algunas Comunidades Autónomas– que a juicio de los padres violenten su conciencia y contradigan de modo grave sus convicciones morales. Los padres deberán trabajar para que en su centro la Educación para la ciudadanía se maneje de otras formas, interpelar a tutores, jefes de estudio y directores. O bien deberán buscar otros centros donde se imparta de manera más coherente con sus convicciones (como ahora lo deben hacer ya con otras asignaturas). Y en cualquier caso, pueden apelar al derecho de objeción de conciencia. Una opción que, más allá de las consecuencias académicas o de otra índole que pueda acarrear, debe tenerse seriamente en cuenta cuando no haya otros medios para evitar un daño mayor a la conciencia de sus hijos.
Tal como se ha introducido la Educación para la ciudadanía en la Ley Orgánica de Educación, es evidente que existe una intencionalidad ideológica en la misma. La implantación de esta nueva asignatura es, además, paralela a la reducción de horas que se conceden a la asignatura de Religión y al establecimiento de una ambigua “atención educativa” para los alumnos que no la elijan, quedando este tipo de atención al arbitrio de cada centro educativo.

En la Comunidad de Madrid
Sin embargo, se trata de una Ley Orgánica aprobada en el Congreso que obliga legalmente a todas las Administraciones Educativas. El Partido Popular ya ha anunciado que cuando llegue al Gobierno eliminará esta área de conocimiento. Muy probablemente no a través de un cambio de la Ley Orgánica de Educación, sino a través de la modificación de sus contenidos mínimos establecidos mediante Real Decreto.
Por otro lado, en la Comunidad de Madrid recientemente se han aprobado los Decretos que establecen los contenidos que se impartirán en esta Comunidad, en primaria y secundaria, también para la Educación para la ciudadanía. Se trata de contenidos que, dentro de la legalidad, eliminan todos los elementos que aquí se han criticado y que por tanto, no deberían suscitar ningún rechazo. No sólo eso, sino que contraargumenta en su exposición de motivos, por ejemplo: «se ha concebido con especial cuidado el currículo de la materia de Educación para la ciudadanía, evitando la implantación de una moral de Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, pertenencia exclusiva de la conciencia personal de los alumnos y de la educación recibida en el seno de las familias».
El contenido de este Decreto ha sido acordado por todas las Comunidades Autónomas gobernadas por los populares y se aplicará de modo coordinado en todas ellas.
Está claro que sólo un cambio en el Gobierno de la Nación puede eliminar radicalmente los peligros reales y potenciales de esta nueva área de conocimiento. Mientras tanto, la responsabilidad de trabajar en todos los aspectos educativos y culturales de esta verdadera confrontación sobre lo que es humano nos compete a todos.