Huellas N.9, Octubre 2007

SOCIEDAD - Universidad

Universidad: Para cambiarla basta con un quiebro

Giancarlo Cesana

Bastaría con tomar una decisión atrevida para devolver dinamismo a la universidad italiana: la abolición del valor legal de la titulación superior. Una reforma que revolucionaría el mundo académico

Mientras escribo la universidad sigue en el ojo del huracán a causa del fraude cometido en algunas universidades meridionales para pasar el examen de Medicina. Como dice con justicia un manifiesto de los estudiantes, se habla de la universidad italiana sólo en estos momentos y, por tanto, se habla mal. La verdad es que no hay nada bueno que decir, aparte de la implicación normal de estudiantes y profesores en medio de unas dificultades tan cotidianas que pasan casi desapercibidas. Sin embargo, no es que profesores y estudiantes sean unas víctimas: de alguna manera se lo han buscado.
Por una vez no quiero acusar al gobierno o al ministro, aunque lo merezcan, por la decadencia universitaria. Gobierno y ministro –o mejor, gobiernos y ministros– han dado a la universidad lo que los universitarios –jóvenes y adultos– pedían. Comencemos por las últimas “reivindicaciones”. Contratos temporales para los jóvenes investigadores: no los quisieron y no se los han dado. Oposiciones locales para los profesores: no las quisieron, por ser demasiado “influenciables”; han sido suspendidas hasta nuevo aviso. Los estudiantes pidieron una universidad menos selectiva, con tasas bajas y sin plazas limitadas: las han conseguido (fue la Unión Europea la que impuso plazas limitadas en Medicina; el resto de los numerus clausus simplemente dan risa).

Padua y Harvard
No es que la universidad italiana dé asco. Es una universidad “media”, generalmente de nivel inferior al de los países con los que solemos compararnos: Francia, Inglaterra, Alemania; por no hablar de EEUU. Indudablemente existen las llamadas “excelencias”, pero no consiguen elevar el nivel medio de forma significativa. Desgraciadamente, mientras el standard de los demás sube, el nuestro baja. Para darse cuenta basta con fijarse en el flujo de estudiantes –investigadores y profesores italianos– hacia las universidades de los países mencionados y el flujo contrario, absolutamente insignificante. La universidad, al ser la sede privilegiada de creación y transmisión del saber, se sitúa ante el mundo entero y no simplemente ante la propia realidad local o nacional. Si una universidad no es competitiva en el ámbito internacional es de hecho una universidad menor, culturalmente inferior, como lo son la mayoría (¿es un eufemismo?) de las universidades italianas. Antaño, nuestras universidades fueron grandes porque venían a ellas estudiosos de todos los lugares: en el siglo XVII Padua era como Harvard.

Propuesta decisiva
¿Cómo invertir la tendencia? Las propuestas corrientes suelen ser algo así como los gritos altaneros denunciados por Manzoni, tan sonoros como inútiles. Por ello, la universidad italiana no cambia. Sin embargo, hay una propuesta que podría ser decisiva, sobre la que van convergiendo consensos –reducidos aún– desde la derecha y la izquierda: la abolición del valor legal de la titulación. Con esta medida, las licenciaturas, los masters y los doctorados tendrían un peso distinto, valorado por la comunidad científica y por el mercado de trabajo, en función de la universidad en la que se hubieran obtenido. No serían ya iguales por ley en todo el territorio nacional.
Esta medida espanta a la mayoría de estudiantes y de profesores. En las oposiciones de las administraciones públicas, a una misma titulación podrían atribuirse puntuaciones distintas. Las universidades se verían inmediatamente clasificadas y, posiblemente, frecuentadas según su eficacia formativa. Las ayudas a la investigación podrían dirigirse allí donde la producción fuera de mayor calidad y cantidad. Según la ley de la oferta y la demanda, las tasas podrían empezar a ser efectivamente diferentes. Los profesores que quisiesen hacer carrera o aumentar su prestigio, deberían estar dispuestos a trasladarse, y sus convocatorias podrían prescindir, por fin, de la hipocresía nacional de las oposiciones. La autonomía universitaria saldría reforzada, tendiendo las universidades que proyectar, si no su propia supervivencia, al menos planes adecuados de desarrollo.

Oferta y demanda
Son muchos los que se asustan ante las consecuencias aquí señaladas de la abolición del valor legal de la licenciatura, y consideran el cambio demasiado radical, no adecuado a una situación tradicionalmente regulada por la tendencia a la uniformidad. Se trataría en realidad de reconocer lo que existe, más que de hacer algo nuevo: la uniformidad en la universidad italiana dejó de existir hace tiempo. No quiero dar nombres para no entorpecer un paso que de por sí es duro. Todo el mundo sabe que estudiar en algunas universidades es distinto que hacerlo en otras; que los costes son diferentes; que tienen centros de investigación más desarrollados y mejor dotados; que el número de profesores es más adecuado; que las perspectivas laborales son mejores... Y así podriamos seguir. Es cierto que con la abolición del valor legal estas diferencias se acentuarían y, tal vez, algunos cursos podrían cerrar y algunas universidades se verían reducidas oficialmente, y no solo de hecho. Pero el Estado y las administraciones locales podrán seguir interviniendo en la programación universitaria con fondos y proyectos. La oferta y la demanda formativa sigue siendo variada. Hay quien quiere estudiar poco y quien quiere llegar a conseguir el Nóbel. Existen cursos online y otros en los que hace falta pasar ocho horas en el laboratorio. Con la abolición del valor legal de la titulación todo podrá ponerse abiertamente a la vista de todos.
Que nadie venga a decirme que la selección que se produciría constituiría una discriminación social. Estudios de la OECD han demostrado sobradamente que los sistemas de instrucción estatalistas como el italiano no contribuyen en absoluto a mejorar la condición social de los estudiantes, es más, la consagran. Con la abolición del valor legal, las universidades tratarán de atraerse a los estudiantes con programas de becas. Los particulares podrían estar interesados en participar para sostener a jóvenes que puedan contribuir al desarrollo de sectores específicos. El Estado, finalmente, podrá controlar la formación profesional a través de exámenes de estado o cursos de habilitación, como por otro lado ya sucede, aunque de modo muy formal.
No son sueños, son realidades que funcionan ya en otras partes con óptimos resultados. Confiemos, porque la esperanza es lo último que se pierde.