Resulta evidente para cualquiera, que nos encontramos en un momento particularmente delicado de la vida de nuestro país. No está solamente en juego un problema de reparto del poder en los ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas, sino que se enfrentan entre sí -aunque muchas veces con excesiva vaguedad- concepciones de fondo distintas sobre el hombre y la sociedad, de las cuales dependen los modos de concebir y llevar a la práctica muchos aspectos de la vida social, la economía, la educación, etc., en una palabra, el futuro próximo.
Forma parte de la misma naturaleza de la misión del cristiano el compromiso cultural, social y político. Conscientes de ello, nos sentimos movidos a expresar en esta coyuntura dos preocupaciones que pretenden servir a todos para mostrar nuestro criterio y nuestra contribución al debate público
1 La Doctrina social de la Iglesia constituye para nosotros una referencia segura y permanente. En ella se dice claramente que las exigencias de libertad, justicia y bienestar del individuo deben expresarse y se deben considerar dentro del marco de la sociedad. En efecto, el individuo busca su desarollo, como persona constituida por relaciones diversas, formando parte de una sociedad. Por eso el magisterio de la Iglesia ha subrayado siem¬pre la primacía de la persona, e inseparablemente de la sociedad, sobre el Estado. Y, en consecuencia, ha subrayado siempre el valor de la libertad a fin de que le resulte posible a cada uno intentar satisfacer sus exigencias elementales en el contexto social.
Por el contrario, insistir en el valor del estatalismo y favorecer más allá de la justa medida la extensión de la intervención del Estado en la vida concreta del pueblo, tiende a homologar ésta, y a conferir inevitablemente al Estado, bajo cualquier forma que se presente, un poder dictatorial. Como ha recordado recientemente Juan Pablo II: «Todo debe subordinarse a la realización de la persona humana».
2 Por estas razones, defender -es decir, reconocer y promover- la libertad de pensamiento, la libertad de educación y todos los derechos de la persona que se han ido reconociendo por la evolución de la civilización, es un compromiso inherente a nuestro ser cristianos. Compromiso que es urgente expresar con una acción cultural y política desde «abajo», pero también desde la posición más expuesta de quienes mantienen estas mismas preocupaciones en su acción .diaria como políticos. Estos, que participan de nuestra misma experiencia de comunión, no pueden dejar de gozar por nuestra parte de una confianza privilegiada.
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