Se teme que la disminución del gasto público acabe con las políticas sociales. Pero la región de Lombardía marca ya otro camino
La excesiva deuda pública es el tema dominante en la política y la economía, no sólo en Italia. A esto se añade el temor comprensible a que la disminución de la intervención pública ponga en segundo plano la lucha contra la injusticia social y conlleve el final del bienestar universal, elementos típicos de las sociedades europeas, con consecuencias devastadoras para la vida cotidiana de muchos. ¿Cómo se puede evitar esta aparente compensación entre la disminución del gasto público y salvaguardia de las políticas sociales?
Un intento de respuesta concreta a esta antinomia aparentemente irresoluble es la revolución cultural que se ha desarrollado en estos quince años en la región de Lombardía que, empezando a poner en práctica en hechos concretos el principio de subsidiariedad, en el bienestar, ha desplazado la financiación de los sujetos reguladores de los servicios a los ciudadanos que disfrutan de ellos.
Algunos ejemplos lo muestran. En sanidad, la ley reguladora 31/1977, “Normas para la reorganización del servicio sanitario regional y su integración con las actividades de los servicios sociales”, consintiendo a los ciudadanos lombardos elegir el hospital en que ser tratados dentro de una serie de estructuras acreditadas, sean públicas o privadas, ha llevado a resultados sorprendentes: desde la entrada en vigor de la ley, han disminuido los pacientes pendientes de admisión, las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas se han reducido al mínimo, así como los gastos de gestión de las empresas hospitalarias, y el gasto en sanidad total de la región respecto al PIB es el 6,7 %, contra una media nacional del 8,7 %. El bono escolar, financiación directa a las familias a favor de la libertad de educación, llevó a la creación en 2008 del llamado “sistema dotal” que, en la formación profesional, ha permitido la selección, por parte de los mismos usuarios, de los mejores centros formativos decretando el fin de los centros incapaces de obtener un resultado útil para la ocupación y para el sistema de las empresas. La “dote” se ha extendido después a otros sectores: la “dote de trabajo” ayudó en 2009 a 26.300 trabajadores en situación de crisis en la transición hacia un nuevo trabajo; el bono social permitió, por otro lado, la atención a domicilio de las personas frágiles y ancianas; el “nido de la familia” sostuvo la construcción de guarderías gestionadas por grupos de familias de forma libre y autónoma. Según la misma filosofía, entre el 2002 y el 2009, la región ha ayudado a treinta y seis mil familias sin recursos, con un presupuesto total de más de 180 millones de euros, para reducir los costes del crédito para la primera vivienda.
Se podrían añadir muchos más ejemplos, pero los que se han puesto permiten ya preguntarse: ¿por qué muchos columnistas y economistas á la page, que durante años han defendido el estatalismo y el liberalismo financiero, siguen sin hablar de todas estas cosas que se logran simplemente poniendo en el centro de las políticas públicas a las personas y familias en clave subsidiaria? Quizá no es sólo ignorancia…
*Presidente de la Fundación para la Subsidariedad
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